sábado. 20.04.2024
CASO EMVICESA

Guillermo Martínez sólo pasó por allí, nadie prevé desalojar las 170 de Emvicesa y el banco

Guillermo Martínez ha declarado como testigo en el juicio del Caso Emvicesa. En su breve tiempo como consejero de Fomento le dio tiempo a presidir una Comisión Local de la Vivienda, la que dio inicio al proceso de adjudicación de las 170 viviendas. Nadie allí, según él dudo de que la normativa a aplicar fuera la de 2006 ni de que el proceso lo tuviera que llevar adelante Emvicesa. Otro de los abogados ha preguntado a la secretaria de la Ciudad si alguien en la administración se ha planteado desalojar y volver a adjudicar las 170, esperando el no como respuesta y para dejar claro que esos contratos que hoy se cuestionan siguen siendo legales

 Guillermo Martínez durante su declaración en el juicio./Alejandro Castillo
Guillermo Martínez durante su declaración en el juicio./Alejandro Castillo

El que fuera consejero de Fomento durante apenas un año, Guillermo Martínez, antes de dar un paso atrás en su carrera política para tomar impulso al senado posteriormente, tuvo el honor de presidir una Comisión Local de la Vivienda allá a principios de 2012. No fue una cualquiera. Fue en la que se puso en marcha el proceso de adjudicación de las 170 viviendas de Loma Colmenar, una de las adjudicaciones, sino la nuclear, que juzga la Audiencia Provincial estos días en el denominado Caso Emvicesa.

A Martínez le han apretado por todos los frentes, a pesar de que más bien, sólo pasó por allí, para tratar de esclarecer si la normativa que debió regir la adjudicación era la aprobada en 2006 o no era esa. Las defensas han vuelto a esforzarse en sembrar la duda razonable. Y Martínez ha contestado más que desde la experiencia propia -su participación en cualquier proceso de adjudicación de vivienda se limitó a aquella cita- desde el sentido común político y administrativo.

Martínez ya tiene el honor de haber sido uno de los testigos a los que Defensa y Fiscalía le han leído el mismo acta de una reunión, cada uno para tratar de demostrar su tesis. En concreto la referida a la Comisión Mixta entre la Ciudad y el Estado en la que se ratificó la entrega de las 170 viviendas a la Ciudad para proceder a su adjudicación.

Para la defensa, el acta está clara y aludía a que la selección de adjudicatarios se haría tomando como base la lista de demandantes de vivienda de Emvicesa. No es una cuestión menor. De ser así, eso le permitiría a Susana Roman y a Antonio López validar en cierto modo el proceso de adjudicación de las viviendas, habida cuenta que no se lanzó entonces una llamada como tal a inscribirse para ser beneficiario. Eso explicaría en parte los problemas ulteriores de familias de muchos miembros afinadas en estudios como se repasó en testimonios precedentes a los de este martes.

Pero después, la fiscal ha insistido en el acta, a la que Martínez se ha remitido en todo momento. El mismo acta hace alusión a que la Ciudad Autónoma cuenta con una normativa específica para la adjudicación de viviendas. Su tesis, que estaba implícito que el proceso de adjudicación debió haberse regido por el ya famoso reglamento de 2006.

El abogado de Román le ha llegado a preguntar a Martínez si la Comisión Local de la Vivienda tenía que aprobar o no las listas de adjudicatarios. “No participé en el proceso final de adjudicación, pero cuando menos debía tener conocimiento de cualquier gestión relacionada con la tramitación de un expediente de vivienda pública”, ha contestado Martínez.

A preguntas de la Fiscalía, Martínez se mostró seguro de que en su breve periodo como consejero no tenía dudas de que la normativa de 2006 era la que debía regir el proceso de adjudicación. Ahora a raíz de la controversia generada durante el juicio, deja entrever que quizás alguna, “pero en aquel momento no tenía duda”.

Y a lo largo de su declaración ha venido a decir lo mismo que Márquez, que a falta de otra herramienta legal para regir el proceso, la de 2006 debía ser la válida y la que debió haber regido el procedimiento de adjudicación. Y sí, la Comisión Local de la Vivienda, entiende Martínez debió haber tenido acceso a los expedientes, entre otras razones, porque es ahí donde la oposición que está representada puede solicitar y ver los mismos para fiscalizar la labor del Gobierno. Cabe recordar que uno de esos miembros de la oposición, Mohamed Ali, está también acusado de prevaricar precisamente por no alzar la voz en la reunión que cerró la adjudicación de las 170 sin que nadie viera un solo listado ni provisional ni definitivo.

Definitivo en ese sentido quizás han sido las últimas preguntas de la Fiscalía. Tras la reunión en Madrid, Martínez convocó a la Comisión Local de la Vivienda para dar cuenta del acuerdo con el Estado y lanzar el procedimiento de adjudicación de las 170. ¿Trasladó el contenido del acuerdo? “Sí, el cometido principal de esa reunión era dar traslado de aquel acuerdo”. “¿Surgió alguna duda al respecto de que era la normativa de 2006 y la Comisión Local de la Vivienda la que iba a regir el proceso de adjudicación apoyándose en Emvicesa? “No. En aquel momento, no”.

Más aún, en aquella reunión se encargó a Emvicesa comenzar a trabajar en la realización de listados o cribados conforme a los cupos y preferencias acordados con el Estado. Y apenas dos meses después en un Consejo de Administración de la Sociedad el gerente entonces, Antonio López, informó que el departamento comercial tenía muy avanzados esos trabajos. ¿Por qué a Emvicesa ese trabajo de cribado? Porque es el organismo con el que cuenta la ciudad para estas cosas, ha venido a explicar Martínez.

A Martínez la Fiscalía incluso le ha apretado para que reconociera que la competente para adjudicar las viviendas era la Comisión Local de la Vivienda, con cierta confusión, Martínez ha venido a decir no saber bien, pero le han leído los textos que la rigen, que aseguró conocer y que lo dejan claro. Por si la duda, el fiscal ha hecho una pregunta, ¿Si no era Emvicesa y no era la Comisión Local de la Vivienda se le ocurre quién más podría tener la competencia para adjudicar las viviendas? El consejero competente del área” ha contestado Martínez en un tramo en el que no estaba pinchada en cámara Román, generalmente muy expresiva durante todas las testificales y a la que Martínez acababa de señalar en una suposición que por suerte, seguramente el Tribunal ni tenga en cuenta.

A la secretaria “general de la Ciudad, Dolores Pastilla, que no ha pisado una Comisión Local de la Vivienda pero sí el resto de órganos relacionados con vivienda se la ha apretado también en el mismo sentido por las defensas tratando de sembrar dudas sobre qué normas regían en el momento de aquel proceso.

Para Pastilla, de nuevo, como para Martínez y Márquez en su opinión era la Normativa de 2006. Y ante cualquier tipo de duda, no había otra posible para aplicar. Incluso a colación de lo que dice el reglamento de la propia Comisión Local de la Vivienda, la abogada de Mohamed Alí, le ha tratado de evidenciar que en realidad el Reglamento debía estar derogado de facto al ser de 2005 y hacer alusión a la normativa de 1998 que deroga de forma específica la normativa de vivienda de 2006. Pastilla ha venido a tirar de sentido común, más que jurídico. Las funciones de la Comisión Local de la Vivienda son las mismas en 1998 y 2006 y su composición se clava en ambas normativas. Si se derogó de facto, y no se aprobó otro reglamento en el seno de la Comisión, lo lógico es que se hubiera regido por ese reglamento o por cualquier otra cuestión que hubiera acordado ha explicado.

¿Y si hay que desalojar las 170?

Pero quizás una de las vías abiertas por las defensas más peculiar y controvertida es de las que se ha expuesto con total claridad durante la declaración de Pastilla. Uno de los abogados le ha preguntado a la secretaria de la Ciudad si tiene conocimiento de que de oficio, el Ayuntamiento haya abierto algún tipo de procedimiento para investigar y desalojar a los actuales inquilinos de las 170.

La lógica es clara, si todo estuvo tan mal hecho, lo lógico sería revisarlo. Evidentemente, nadie en la Ciudad ha osado meterse en semejante jardín de expulsar a los actuales moradores de las 170 y volver a adjudicar las viviendas. Una línea, en cierto modo roja, que sirve de advertencia al propio Tribunal. Ojo con el fallo que tal vez tenga consecuencias más allá de las condenas y se pudiera montar un nuevo lío administrativo. Aunque parece poco probable a estas alturas es mejor no descartar nada.

El banco

Antes que el resto de testigos le ha tocado el turno de pasar por el atril de los testigos al director del banco con el que trabajaba Antonio López en aquel entonces. Su abogado defensor ha insistido de forma machacona en obtener las respuestas lógicas: Nadie en el banco nunca hizo saltar ninguna alerta sobre los movimientos de López, a pesar de estar obligados, a pesar de que en 2010 la normativa contra el blanqueo se endureció de forma considerable y casi cualquier ingreso en efectivo fuera de lo normal debería haber pasado un filtro previo del banco. Nadie, nunca, en el banco de Antonio sospechó nada acerca de su patrimonio, su liquidez y sus movimientos.

La Fiscalía eso sí, ha preguntado al director del banco por las condiciones hipotecarias concedidas a López en aquel entonces, insinuando pero sin afirmar porque el director no se acordaba de que podrían haber sido incluso más ventajosas que los propios empleados de esa entidad financiera o en la que trabajó el propio López y a la que seguía vinculado en excedencia. No pudo morder el hueso ante la desmemoria del director.

Compromisos

De forma recurrente cada vez que un ex político ha pasado por el juicio unos y otros le han preguntado por los famosos “compromisos”. Y en el caso de Guillermo Martínez no ha sido una excepción.

Y en la misma línea redundante de anteriores testigos. La Fiscalía para demostrar que una cosa son compromisos con expediente detrás que los sustente, con informes de técnicos municipales, ya sean de Servicios Sociales o de Urbanismo (arquitectos municipales) que certifican situaciones de chabolismo, derribos por convenios urbanísticos o lo que sea, y otra un papel firmado por el gerente que compromete una vivienda al que lo recibe.

Y en el caso de la defensa para explorar cuál es la diferencia entre un compromiso y otro con la intención de generar la duda. Y ahí, el acta de la Comisión Local de la Vivienda en la que estuvo Guillermo Martínez arroja un gancho a las defensas. El propio Alí habló allí y se recoge así en el acta de “respetar los compromisos”. Martínez no recordaba a que se refería, pero ha venido a dar por hecho que a los expedientes con informes de técnicos que acreditaban situaciones de necesidad que había que atender.

De nuevo, Martínez, ha vuelto a incidir en el mismo concepto de Márquez, la palabra compromiso no hace justicia y conduce a error. Y esa ambivalencia es la que tratan de explotar las defensas. El abogado de López ha llegado a preguntar a Martínez si esos compromisos con informes técnicos no llevaban al final una firma de un gerente de Emvicesa validando el compromiso, en un sentido que parece incluso natural que así fuera. Martínez ha insistido en que una cosa es una cosa y otra cosa, otra.

Guillermo Martínez sólo pasó por allí, nadie prevé desalojar las 170 de Emvicesa y el...