Así lo recoge la agencia de noticias Europapress, quien ha señalado que dicho juzgado ha encausado por segunda vez a la que fuera delegada del Gobierno y a la responsable autonómica del área de menores, después de que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta revocara la primera acusación contra ambas.
La magistrada que instruye la causa considera que ambas "vulneraron" la normativa nacional e internacional que rige los procesos de devolución al país vecino, especialmente en un caso en el que los menores requieren de un mayor tipo de protección por parte de la legislación.
Como recordarán, la ex delegada del Gobierno declaraba el 5 de octubre del pasado 2022 en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación en la devolución de menores. Apenas un mes antes, el 7 de septiembre, era la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, y responsable de las competencias en Menores, Mabel Deu, quien comparecía ante el juzgado.
Una de las claves en la declaración de esta última tenía que ver, precisamente, con una de las cuestiones que han sobrevolado el proceso en todo momento, el hecho de que las devoluciones se hicieron siempre de acuerdo con el Gobierno de la Nación y siguiendo instrucciones del mismo. Una cuestión que no ha terminado de aclararse pero en la que desde el Gobierno de la Ciudad se insistía en todo momento, recordando que ellos no tienen las competencias para poner en funcionamiento un protocolo de devolución a un país tercero, algo que tiene que partir del propio Gobierno de España.Tal y como les hemos venido contando a lo largo de los dos últimos años, los hechos se producían en el mes de agosto de 2021, cuando un total de 55 menores marroquíes, que habían entrado ilegalmente en Ceuta durante la crisis de mayo de 2021 (cuando hasta 12.000 personas accedieron a la ciudad), fueron devueltos a Marruecos en un procedimiento que se paralizó por la justicia a raíz de unas denuncias de varias organizaciones no gubernamentales que pusieron sobre la mesa que no se estaban respetando los derechos de los menores implicados en estas devoluciones.
Hasta el momento, las dos únicas personas investigadas en este caso son la ex delegada del Gobierno y la ex vicepresidenta de la Ciudad Autónoma. Ambas se enfrentan a una pena de entre 12 a 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada.
