El Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras para ajustarse "al pleno cumplimiento de todas las normas internacionales de derechos humanos", y a que suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos, a vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio, en el que murieron 23 migrantes, y en ocasiones anteriores.
En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta.
Mijatovic señala que España, al igual que otros países miembros del Consejo de Europa, no debe contribuir directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos a través de medidas adoptadas para poner en práctica su cooperación migratoria con terceros países.
Aunque dice entender que España afronta con frecuencia "situaciones complejas" en la gestión de la migración dada la situación geográfica de Ceuta y Melilla y los flujos en dirección de Europa, reconoce "los esfuerzos realizados" por parte de nuestro país en materia de inmigrantes y la llegada de solicitantes de asilo a sus fronteras
Considera que la situación en las fronteras entre Marruecos y España "demuestra una vez más la urgente necesidad de mejorar las medidas de responsabilidad compartida y solidaridad entre los estados miembros del Consejo de Europa".
Mijatovic exige abiertamente al Gobierno español que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.
Según la comisaria, "las expulsiones en caliente tienen que cesar", y pide sustituirlas por "una práctica que haga compatible el control de fronteras y los derechos humanos".
También subraya que España tiene "la obligación absoluta" de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro. Y eso, aunque haya intentado cruzar la frontera saltando la valla o infringiendo los cauces de entrada regular en el territorio español.
Por otra parte, según la comisaria, el acceso a través de las fronteras en Ceuta y Melilla ha empeorado paulatinamente desde 2015, tras la introducción de enmiendas a la ley de Extranjería a partir de la ley de Seguridad Ciudadana.
Marruecos utilizó contra los migrantes la violencia
Mijatovic asegura que hay "informes consistentes" que prueban que en el salto masivo del 23 de junio Marruecos utilizó contra los migrantes la violencia, que fueron sometidos a graves maltratos y que "las autoridades españolas lo saben o deberían saberlo".
También alude al episodio de la entrada masiva desde Marruecos de más de 8.000 personas en Ceuta del 17 al 19 de mayo de 2021, 6.000 de los cuales fueron inmediatamente expulsados.
Mijatovic considera que, si se mejoraran los canales para presentar demandas de asilo en consulados y embajadas, y muy en particular facilitando el acceso para que los interesados en hacerlo llegaran hasta las oficinas que España tiene en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, eso podría reducir las tentativas de cruce irregular de la valla.
En su respuesta al informe de la comisaria, el Gobierno de España hace algunas puntualizaciones, entre otras que las expulsiones en caliente no han sido censuradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni por el Tribunal Constitucional cuando las han tenido que abordar.
También pone de relevancia que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía cerraron las investigaciones que habían lanzado sobre el salto de la valla de Melilla del 24 de junio. Y, sobre todo, que el Ministerio Público la cerró porque llegó a la conclusión de que no había nada que reprochar a las fuerzas del orden.
Además, el Ministerio del Interior ha asegurado que el Gobierno "no va a incumplir su obligación de proteger sus fronteras, que son las fronteras de Europa, frente a asaltos violentos, y "no renuncia" a hacerlo como lo ha hecho hasta ahora: con respeto a los derechos humanos y a las leyes nacionales e internacionales.
Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska defienden que la cooperación activa con los países de origen y tránsito y la lucha contra las mafias que trafican con personas "han demostrado ser las herramientas idóneas no solo para la gestión de los flujos migratorios, sino también para la prevención de vulneraciones de derechos humanos y de pérdida de vidas".
Interior cree también que no se debe confundir el asalto violento a una frontera europea con el acceso a la protección internacional, y subraya que España "es un país garantista" en este ámbito. Para apuntalar esa afirmación, las fuentes recuerdan las 118.842 solicitudes de asilo que se registraron y tramitaron en España el año pasado.
