viernes. 12.04.2024

Quizás una de las partes más llamativas del testimonio aportado este miércoles por los dos trabajadores de la sociedad municipal que lo han hecho como acusados en la trama, y que sólo han contestado a sus abogados pasa por constatar una vez más la incapacidad de la empresa pública en su sentido más amplio. Desde sus “nunca” y “jamás” hicieron nada en todo lo relativo a las adjudicaciones hasta los problemas que ha señalado otro de ellos para comprobar los datos de los adjudicatarios y de los propios demandantes de vivienda como veraces o no. El propio caso deja a las claras enormes lagunas en el funcionamiento de los procedimientos que permitieron que se colaran casas. Algo más o menos habitual.

Los dos empleados han dejado claro que al no ser funcionarios no tienen acceso a las bases de datos públicas de otros organismos públicos como Hacienda, “ni del padrón siendo la misma administración”, ha llegado a evidenciar uno de ellos. Eso hace que no puedan comprobar si son veraces o no la documentación y los datos que aportan los demandantes. “Eso lo tendrá que hacer el área de Vivienda que sí son funcionarios”, ha supuesto uno de ellos.

Otro ha avisado que ahora viene otro problema con los libros de familia que ya no se expiden.

A esa incapacidad manifestada por los propios empleados para llevar a cabo comprobaciones, se une que en todo el procedimiento sigue sin aparecer la lista ni provisional ni definitiva de los adjudicatarios de las 170, que como estrategia de las propias defensas de los principales acusados se está cuestionando de forma abierta que fuera la Comisión Local de la Vivienda competente para nada en las adjudicaciones de las viviendas y hasta los propios reglamentos y normativas que las rigen. Que se cuelen en los listados personas que no cumplen es algo recurrente, se deduce del testimonio de los trabajadores. Nadie sabe a quién le correspondía y con qué criterios baremar los cupos para decidir entre, por ejemplo, 40 posibles adjudicatarios de Servicios Sociales, qué 10 eran más idóneos.

“Le pongo un ejemplo”, se ha llegado a lanzar uno de los trabajadores: “Si me viene una pareja y me dice que ella gana mil euros, pero no me dice que él gana 5.000 y me dice que él no gana nada, yo no tenía forma de comprobarlo”. Se la podían colar a la hora de inscribirse como demandantes.

Luego eso sí, más o menos, se deja entrever que cuando las listas son definitivas y las adjudicaciones están decididas se vuelven a comprobar que se cumplen los requisitos, pero sin poder cruzar información con ninguna base de datos. ¿Entonces quién lo hace?

A lo largo del juicio, muchos han referido “los sorteos” de forma generalizada como si esa fuera la norma para adjudicar viviendas públicas. Pero lo cierto es que en toda la trayectoria de Emvicesa sólo se han realizado dos, el de la denominada lista buena de las 317, el que culminó el proceso de adjudicación que se inició tras anular todo lo actuado anteriormente a la publicación de la lista fantasma y hasta ahí; Y otro más. El de las viviendas para jóvenes de Serrano Orive y las de Calderón de la Barca. Aquel sorteo oficiado por Márquez y López en el polideportivo Antonio Campoamor acabó con la publicación en Ceutatv.com aquel mismo día de al menos 3 casos de agraciados por los bombos que no cumplían con los requisitos para haber entrado en él, no cualquier requisito, el de no haber tenido vivienda en propiedad anteriormente. Alcanzó entonces a unos periodistas con ir al registro de la propiedad y lanzar unos cuántos nombres. En Emvicesa no habían hecho ni eso. ¿Para qué sirve entonces la sociedad municipal?

¿Para qué sirve Emvicesa?