La famosa acta de febrero de 2013 de la Comisión Local de la Vivienda en la que en teoría se ratificó la adjudicación definitiva de las 170 viviendas de Loma Colmenar ha sido objeto de escrutinio en la sesión de tarde de este miércoles del Caso Emvicesa. En concreto a través del testimonio de quien levantó acta de aquella reunión, la asesora jurídica de Emvicesa, Mónica Argent. En ese acta cabe recordar que se señalaron dos cosas que se antojan claves para el devenir del caso y que cuándo salieron a la luz sirvieron para dejar más o menos claro que si “toda esta trama”, como dijo después una de las acusadas de cohecho, ha llegado a juicio y generado el escándalo público que ha generado es en parte porque nadie en Emvicesa parecía saber qué se hacía. Eso abría la posibilidad a que apareciera publicada una lista fantasma en un diario o que como se relató al conocerse parte de la instrucción la propia lista de adjudicatarios de las 170 viviendas de Loma Colmenar fuese en sí misma otra lista fantasma que parece que nadie visó ni vigiló. Y eso es exactamente lo único que parece refrendar el testimonio de la asesora jurídica de Emvicesa. No sabía, no recordaba y suponía son expresiones que han trufado casi cada una de sus respuestas, siendo ella la responsable de levantar acta en calidad de secretaria, pero siendo su puesto en Emvicesa el de asesora jurídica.
El acta en sí que firmó Mónica Argent ni tan siquiera ha quedado claro que fuera aprobada formalmente en la siguiente reunión de la Comisión Local de la Vivienda, como incisivamente ha tratado de aclarar el abogado defensor de Susana Román, Javier Izquierdo. Román, Ali y Rabea en gran medida están sentados en el banquillo estos días por este acta.
Los tres estaban en esa reunión de la Comisión Local de la Vivienda que vino a “dar cuenta de la finalización de la adjudicación de las 170 viviendas en régimen de alquiler sitas en Loma Colmenar”.
A la testigo se la he preguntado de forma reiterada si advirtió alguna anomalía en este procedimiento. Dijo que de viva voz, pero no fue capaz de expresar si fue en esta Comisión Local de la Vivienda o en otra, por más que ha realizado gran parte de su testifical con el acta sobre la mesa.
Otra de las abogadas defensoras ha acabado por preguntarle casi al final si en caso de avisar oralmente de alguna irregularidad no debería haberlo dejado recogido en el acta, al ser ella precisamente la persona encarga de recoger lo que se decía en la reunión. “¿Cuándo ejerce su derecho a voz no tiene que dejar constancia en acta?”, le ha preguntado. “Hay veces que sí o que no. Se había reflejado en el acta puesto que se veía que esta señora lo había pedido y no estaban allí”, le ha contestado con la misma inconcreción que durante todo su testimonio. “Su derecho a voz tiene que estar reflejado, ¿no?”, le ha insistido la letrada. “Sí. No sería en este acta”, ha acabado por conceder la testigo.
Esa alusión a que quedaba reflejado es precisamente a que en esa reunión asistió en representación del PSOE, Milagros García. Lo hizo sin voto, pero con voz, en sustitución del miembro designado por el partido, el entonces líder, José Antonio Carracao. Milagros García, tal y como se recoge en el acta, en el turno de ruegos y preguntas planteó preguntas sobre el cupo de discapacitados y fue el propio gerente de Emvicesa, Antonio López, quién se comprometió a remitirle los listados provisionales y definitivos de la adjudicación, que supuestamente estaban refrendando, pero que no estaban sobre la mesa al parecer, algo que según el testimonio de la trabajadora de Emvicesa, Mónica Argent, ella advirtió. “En alguna Comisión Local de la Vivienda, no sé si esta u otra, sí que ponía el orden del día que se iban dar cuenta de unas listas. Entonces yo cuando no vi esas listas, sí recuerdo que le pregunté a la presidenta (Susana Román) ¿cómo las vais a aprobar si no están esas listas? pero no sé si es en esta o era en otra Comisión”, le ha contestado en un momento dado a Izquierdo la asesora jurídica de Emvicesa.
Izquierdo le ha preguntado entonces por el literal de ese orden del día, y por lo que entendía por la expresión “dar cuenta de la finalización de la adjudicación”, algo que también ha cuestionado la abogada de Mohamed Ali, Isabel Valrriberas. “Que se ha terminado la adjudicación de las 170, pero no casa muy bien con lo que consta en el acta que redactó”, le ha cuestionado Valrriberas.
“Totalmente de acuerdo en que el orden del día no casa muy bien con que allí se aprobara tanto una lista de adjudicatarios como de compromisos. Yo también me sorprendo de estas cosas”, ha llegado a contestar la testigo.
Y es que sí, el acta dice que se vota la “aprobación y ratificación” de dos listados, el de adjudicatarios y el de compromisos que no han podido atenderse en esas 170 viviendas procedentes de actuaciones singulares y de situaciones de necesidad. Pero lo cierto es que un poco más adelante en el mismo acta, cuando Milagros pregunta por esos listados en referencia al cupo de discapacitados le contesta que “no hay ningún problema, las listas provisionales y definitivas fueron publicadas en nuestro tablón de anuncios. Se la daremos en la próxima Comisión Local”, recoge el mismo documento sobre el que ha estado más de hora y media testificando Mónica Argent, asesora jurídica de Emvicesa y responsable de levantar acta de aquella reunión.
El problema es que en la excelsa documentación aportada desde Emvicesa a la instrucción para el caso, no hay ninguna otra reunión ni acta de la Comisión Local de la Vivienda en la que se aprueben los listados. Si se publicaron en el tablón de anuncios fue sin que pasaran por la aprobación anterior a su publicación del órgano que aparentemente tenía la máxima competencia y era responsable de dar esa luz verde.
No es de extrañar que esas cosas pasaran a juzgar por el testimonio dado por Argent. Ha sido incapaz de concretar qué hacían, a qué se dedicaban sus propios compañeros en Emvicesa. El fiscal le ha preguntado de forma concreta por las labores de algunos de los imputados en el caso, tres de sus compañeros. Argent no ha sido capaz de concretar una sola función de los mismos, de forma muy vaga ha venido a decir que Salvador Vera e Isaac Medina se encargaban de los listados de demandantes, pero ni tan siquiera lo ha afirmado, la mayoría de sus respuestas las ha matizado con un “creo que”, y si se le requería algún detalle, concreción mínima, acababa por venir a reconocer que en realidad no sabía o que no recordaba.
En parte toda esa inconcreción viene motivada porque en 2015 cuando estalló el escándalo estaba de baja por enfermedad. Y porque como personal laboral de la empresa pública, en realidad, por más que lleve 21 años en el tajo, sus labores hasta 2013 pasaban por asesor jurídicamente y montar los expedientes de compras, nada que ver con la adjudicación de las viviendas.
Si acabó haciendo las veces de secretaria ene a Comisión Local de la Vivienda fue por la incomparecencia a la misma de la titular, María José Cariñanos, hoy imputada. En ella era en quien había delegado esa función la titular de la Ciudad y verdadera de Emvicesa, María Dolores Pastilla, y Argent simplemente la sustituía cuando no podía acudir, sin que, tampoco ha sabido concretar si sí o si no, hubiera una delegación expresa de una función que en realidad sería un subdelegación, al modo de las subcontratas en la construcción. Algo en lo que ha hecho hincapié alguna de las defensas.
El abogado de López, José María Calero le ha preguntado si en el tiempo que estuvo trabajando en Emvicesa había visto alguna vez que el propio López tuviera o mostrar algún interés fuera de lo normal porque alguna persona fuera adjudicataria de vivienda o también si había intuido o visto algo que fuera irregular. “No. Él conmigo sabía que no, lo hubiera denunciado y se lo hubiera dicho a él que lo iba a denunciar”, ha dicho orgullosa en la voz Argent.
La realidad es que su testimonio ha venido a dejar clara una sola cosa, que los controles legales en Emvicesa eran como poco laxos, si dependían de su labor, que ha sido prácticamente incapaz de concretar en hora y medio de testimonio, hasta el punto que Izquierdo le ha preguntado a qué se dedicaba en Emvicesa.
Algunas defensas consideran que su testimonio es endeble y probablemente acabe por no ser tenido en cuenta por el Tribunal. Otros han apuntado la reflexión más obvia, la que en realidad era la dejación de funciones de vigilancia de la legalidad la que permitía o abría la oportunidad para adjudicaciones a la carta. Algunas de las preguntas que le han lanzado han sido sobre una de las cosas que aparece en la normativa de funcionamiento de la Comisión Local de la Vivienda y de la de adjudicación de viviendas, que ha de dictaminar sobre los requisitos y las adjudicaciones una denominada ‘Ponencia Técnica’. La Ponencia Técnica consta en los expedientes a partir del estallido del caso, pero en ninguno de los expedientes anteriores de adjudicación de Viviendas, que también están en su mayoría aportados en la documentación al caso.
Y es que el fiscal ha invertido parte de su interrogatorio en preguntarle por el procedimiento legal de adjudicación. Argent ha sido incapaz de mostrar un conocimiento claro del mismo, porque como ha ido aclarando en reiteradas ocasiones no era su verdadero cometido, ella estaba en la sección de compras, eso le correspondía a Cariñanos, que tendrá que declarar en el juicio, como lo hará, seguramente también de forma monográfica sobre la reunión y sobre el acta Milagros García que estaba citada también para esta tarde, pero cuyo testimonio se ha pospuesto.
También pasarán del banquillo a la silla de declarantes los compañeros de Argent para contestar por los procedimientos y por cuál era su trabajo en Emvicesa en las próximas sesiones.
