Salvadora Mateos y Mabel Deu declararán en sede judicial el próximo miércoles, 7 de septiembre, en lugar de hacerlo esta semana como estaba programado inicialmente. Su paso por los tribunales como investigadas es debido, como bien saben, por su relación con la repatriación de menores que se llevó a cabo durante el verano del pasado año, tras la entrada masiva de marroquíes en mayo de 2021.
Este proceso por el que la delegada del Gobierno y la vicepresidenta primera de la Ciudad se enfrentan hasta a 15 años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada, comenzó con la comunicación a Fiscalía de Menores sobre la posibilidad de que hubiera irregularidades en el proceso de repatriación, realizada por la Jefa del Área de Menores
Sin embargo, La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que se presenta como acusación popular, considera que la responsabilidad a nivel escala hacia arriba hasta altos cargos del Gobierno de la Nación, de hasta cuatro ministerios.
A nivel local, creen que existen irregularidades en el gasto de emergencia para la atención a los inmigrantes -que califican de exorbitante- y ven todo el proceso cubierto de una “opacidad” por parte del Gobierno de Ceuta.
En primer lugar, por la negativa a aceptar ayudas de ONGs como la misma Red de Inmigración que ofreció hasta 30 voluntarios, titulados, cualificados y con experiencia, para realizar la atención a los menores de forma totalmente gratuita y sufragando la organización el desplazamiento y la manutención de los voluntarios.
Otra cuestión que les llama la atención es que no ha habido, o no les consta, una justificación de los casi dos millones de euros empleados en el acondicionamiento de instalaciones, equipamientos y otras necesidades para la primera acogida y el desembolso mensual de más de 1,89 millones de euros a la Fundación Samu y ENGLOBA para el cuidado y la atención de menores.
Apuntan a que, dada la precariedad de la situación de los menores constatada por los medios de comunicación, no se explican dónde ha ido a parar ese dinero y cuestionan si realmente se ha gastado en lo expuesto.
Las partes han acordado posponer la declaracion hasta la semana entrante.
