jueves. 29.09.2022
MENORES

El proceso por la repatriación de menores intentará esclarecer el "exorbitado" gasto de la Ciudad Autónoma

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado considera que existen “irregularidades” en el gasto de emergencia que la Ciudad Autónoma de Ceuta realizó para atender a los inmigrantes que entraron de forma masiva en la Ciudad en mayo de 2021. Como acusación popular intentarán aclarar un procedimiento que califican de “opaco”.

La Delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la vicepresidenta primera de la Ciudad, Mabel Deu, se enfrentan hasta a 15 años de inhabilitación para cargo público por una acusación de prevaricación administrativa continuada.

Sin embargo, La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, considera que la responsabilidad a nivel nacional escala hacia arriba hasta responsables ministeriales del Gobierno de la Nación.

No obstante, a nivel local creen que existen irregularidades en el gasto de emergencia para la atención a los inmigrantes -que califican de exorbitante- y ven todo el proceso cubierto de una “opacidad” por parte del Gobierno de Ceuta.

En primer lugar, por la negativa a aceptar ayudas de ONGs como la misma Red de Inmigración que ofreció hasta 30 voluntarios, titulados, cualificados y con experiencia, para realizar la atención a los menores de forma totalmente gratuita y sufragando la organización el desplazamiento y la manutención de los voluntarios.

Otra cuestión que les llama la atención es que no ha habido, o no les consta, una justificación de los casi dos millones de euros empleados en el acondicionamiento de instalaciones, equipamientos y otras necesidades para la primera acogida y el desembolso mensual de más de 1,89 millones de euros a la Fundación Samu y ENGLOBA para el cuidado y la atención de menores.

Apuntan a que, dada la precariedad de la situación de los menores constatada por los medios de comunicación, no se explican dónde ha ido a parar ese dinero y cuestionan si realmente se ha gastado en lo expuesto.

También les parece extraño que, como figura en la petición inicial de la Fundación Samu y en el contrato posterior, se determine que cuantos más menores entreguen a la custodia de Samu, el precio que la Fundación pide para sus cuidados es menor por cada menor. Una cuestión que consideran que “no obedece a ninguna lógica y no ha ocurrido en ninguna comunidad autónoma”.

La organización quiere esclarecer estas cuestiones por lo que pedirá el testimonio de responsables, funcionarios y personal contratado, tanto de la administración pública, específicamente de Extranjería y Menores, como de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas Seguridad del estado que realizaron el traslado de los menores.

Han recordado que este proceso comenzó con la comunicación a Fiscalía de Menores sobre la posibilidad de que hubiera irregularidades en el proceso de repatriación, realizada por la Jefa del Área de Menores. Una funcionaria de la Ciudad Autónoma con la información pertinente a su alcance.

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