La Secretaría de Estado de Seguridad informó a Fiscalía General del Estado que se iban a producir las devoluciones de menores. Así lo expuso el secretario general de la Delegación del Gobierno, Ismael Kasrou, ante el Juzgado que instruye la causa por un presunto delito de prevaricación en la repatriación de los menores que entraron en Ceuta en mayo de 2021.
En diciembre del pasado año, Kasrou señaló ante el Juzgado que el mismo 12 de agosto – un día antes a que se produjesen las primeras devoluciones - se remitió un correo electrónico por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad a la Fiscalía General del Estado en la que se avisó de las devoluciones. Unas devoluciones en las que todas las personas implicadas parecieron estar de acuerdo, salvo una: la responsable del área del Menor de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo.
Esta expresó verbalmente sus dudas sobre el posible incumplimiento de la Ley del Menor, pero tanto el propio Kasrou como la vicepresidenta del Gobierno, María Isabel Deu, consideraron que se obraba de modo correcto, al aplicarse el convenio entre España y Marruecos del año 2007.
La puesta en marcha de este acuerdo fue pedida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el encuentro que ambos mantuvieron en el Palacio autonómico el 18 de mayo de 2021. Ceuta “no puede acoger” a esos menores, 1.079, que habían entrado en la Ciudad Autónoma en esas horas de vértigo.
Pero, volviendo al relato de Kasrou y Deu, hay una reunión clave. Dos días antes, en la frontera se encuentran, por un lado y en representación de Delegación, Kasrou y Juan Hernández. Por parte de la Ciudad acuden María Isabel Deu, Yamal Dris -titular de Medio Ambiente, pero que hizo las veces de traductor- y la propia Palomo. Y por parte marroquí, varias autoridades regionales del norte de Marruecos.
Estas garantizan que devolverán a los menores a sus familias, siempre y cuando no se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. En este supuesto los tutelaría una ong marroquí en Tánger. La propia delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, afirma ante el Juzgado que ella misma encargó al cónsul general de España en Tánger que comprobase si el edificio de la entidad tenía las condiciones apropiadas. El inmueble estaba dividido en dos: un espacio para mujeres maltratadas y otra para menores marroquíes. En palabras del diplomático, Alfonso Portabales, el edificio cumplía todos los requisitos.
La delegada del Gobierno -que fue la última en declarar, al padecer COVID-19 en el momento en que fue citada- ratifica también ante el juzgado que fue el Gobierno quien decidió activar la devolución de menores. Concretamente, señala a Isabel Valdecabras -entonces jefa del Gabinete de Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, y hoy directora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- como la persona con la que se entablaron los contactos. Mateos entabló contactos con el jefe del Gobierno de Rincón, que la apremió en una primera conversación a devolver a los menores y afirmó que Marruecos estaba en condiciones de acogerlos adecuadamente.
Por otra parte: al menos cinco menores solicitaron el ‘habeas corpus’ -figura jurídica establecida para las detenciones ilegales-, pero tras comprobación se devolvieron a Marruecos. La intención primigenia fue de entregar 145 menores el primer día, pero Marruecos rebajó las pretensiones a quince diarias.
En cuanto a las entrevistas realizadas a los menores, ninguno manifestó su oposición a volver a su país -en ello coinciden tanto Kasrou como Deu y Mateos-, y estas se las realizó personal contratado ‘ad hoc’ para la ocasión, como la Fundación Samu, “con una gran experiencia” en estas cuestiones.
Deu declarará, de nuevo, el próximo 1 de septiembre y Mateos una semana más tarde.
