Este miércoles el juicio de Emvicesa ha cogido temperatura política. La causa tiene un evidente interés público en gran medida por la rama política de la misma, la cima de la pirámide de acusados, más de medio centenar, que llevó a la detención de varios cargos políticos (Antonio López, Susana Román y Rabea Mohamed y Mohamed Ali). Y este miércoles estaba citada como testigo la actual consejera de Hacienda de la Ciudad, Kissy Chandiramani, la persona designada por el presidente Vivas para hacerse cargo de Emvicesa cuando precisamente estalló todo el escándalo que prosiguió a la denominada lista fantasma. Su testimonio ha sido la evidencia de cómo se hacían las cosas hasta la publicación de esa lista sin pasar ninguna criba y cómo se hicieron luego, ya con la lupa puesta de la propia instrucción del caso, la sociedad en general y los medios de comunicación, tal y como ha referido ella misma en más de una ocasión. Y lo ha hecho el propio ex consejero de Fomento, Néstor García, en su declaración interrumpida por el receso para comer.
Pregunta a pregunta, de la Fiscalía, de la acusación particular y hasta del abogado defensor de Román y Mohamed, Javier Izquierdo, ha ido desgranando cómo hizo ella las cosas, sin querer entrar, evitándolo tanto como ha podido, en valorar, analizar o, en definitiva, juzgar, cómo se hacían las cosas hasta su llegada motivada por la lista fantasma. Pero por más que no entrara en las diferencias, se presentan y configuran grandes. Si en Emvicesa, la Comisión Local de la Vivienda y en general en esa parte de la Administración Pública que gestionaba la adjudicación de las viviendas alguien pudo tratar de cobrar por favorecer la entrega de casas públicas era en parte porque no se respetaban, o como poco se hacía de forma muy laxa, las normativas legales para proceder a su adjudicación. Y más bien, la apariencia es que se pasaba de todo, se funcionaba por inercia sin reparar en demasiadas disquisiciones, lo que abría la puerta a que se colaran en los procedimientos cosas raras o fuera de las normas que es precisamente lo que se juzga. Aunque las defensas han puesto mucho esfuerzo en cuestionar la propia normativa y legalidad que siguió la adjudicación real después de las 317.
Por ahí, ha comenzado su interrogatorio la Fiscalía, en cómo hizo la adjudicación de las 317, la final, “la buena como algunos dan en llamar”, ha llegado a expresar el abogado de Román, Javier Izquierdo. Chandiramani ha explicado que siguieron lo que entendían que marcaba la Ley y las normativas. Fue la Comisión Local de la Vivienda la que decidió entre las dos opciones que tenía, el sorteo o la baremación, adjudicar las 317 viviendas de Loma Colmenar por sorteo. Fue la Comisión Local de la Vivienda la que decidió desechar cualquier actuación previa, no sólo la lista fantasma, también cualquier compromiso serio o no, para partir y arrancar el procedimiento desde cero. Estableció las actuaciones singulares, los cupos y nombró la denominada Ponencia Técnica, algo que otra testigo, la asesora jurídica de Emvicesa, Mónica Argent, no recordaba haber visto nunca hasta entonces, y que no consta en la documentación ingente que aportó a la causa la propia Chandiramani a requerimiento judicial que se hubiera conformado nunca.
Una vez establecido el sorteo como fórmula de adjudicación de las 317 viviendas de Loma Colmenar, la Comisión Local de la Vivienda decidió que se abría plazo para que se solicitase entrar en el bombo, que se reservaban más de medio centenar de viviendas para actuaciones singulares y que se establecían cupos dentro del sorteo: víctimas de violencia de género, discapacitados, menores de 35, mayores de 65 y un largo etcétera y que sería una ponencia técnica, que designó la propia Comisión Local de la Vivienda la encargada de revisar toda esa documentación y que los candidatos adjudicados por sorteo cumplían los requisitos. A posteriori, no antes de entrar al bombo.
La Ponencia Técnica la constituyeron para la adjudicación real de las 317 la propia Chandiramani como gerente de Emvicesa, Rabea Mohamed, como consejera de Asuntos Sociales y María José Cariñano como asesora jurídica de Emvicesa (hoy también en el banquillo de los acusados). Se hicieron tres listados, el cupo para el sorteo con sus subcupos, el de las actuaciones singulares y el de quienes procedían de servicios sociales por estar dentro de las ayudas de alojamiento alternativo. Todo con la ayuda de los funcionarios de Emvicesa, el área de vivienda y Servicios Sociales.
Se generaron expedientes de cada candidato, nada de eso había sucedido anteriormente, ni para el listado de las 317 ni para el de las 170, como obra en la extensa documentación que figura en el caso y que salió de Emvicesa a requerimiento judicial y remitida por la propia Chamdiramani.
Y aquí en este punto se bifurcan, una vez de tantas durante este proceso, las cuestiones judiciales de las políticas, las técnicas jurídicas de las de la opinión pública. Aunque en ambos casos busquen la misma judicia.
Las defensas han buscado las vueltas a Chandiramani buscando cuestionar que en realidad la adjudicación que pusieron en marcha tras la aparición de las 317 se hiciera como mandan los cánones y la Ley, para sembrar la duda razonable que exculpe a sus defendidos: esa duda razonable pasa porque en realidad no había normativa alguna aplicable a la adjudicación de las 170 ni de las 317. El matiz técnico es que en realidad la normativa que tiene aprobada la Ciudad es para las viviendas que tengan alguna subvención de la propia Ciudad, y tanto las 170 como las 317 se construyeron íntegramente con dinero del Estado. Aunque haya un convenio, aunque una vez construidas, el Estado las ceda para su gestión a la Ciudad y aunque la Ciudad pague o bonifique parte de los alquiler.
Incluso ha vuelto a ponerse sobre la mesa que el convenio marco establecía la creación de una comisión técnica paritaria entre Delegación del Gobierno y Ciudad que debía decidir todas las cuestiones relativas a la adjudicación. Tampoco se reunió nunca nada parecido.
Se busca por parte de las defensas que no haya respuesta correcta a una pregunta ¿cómo debieron haberse adjudicado las 170 y las 317 viviendas de Loma Colmenar? Que no haya respuesta en lo jurídico. Y ante la ausencia de respuesta, podría servir cualquier actuación hecha, o al menos, no podría ser entendida como ilegal.
A Chandiramani la Fiscalía le ha preguntado incluso si podría considerarse como una lista provisional de aspirantes a todos los que figurasen en los listados como demandantes de viviendas. “Si la Ponencia Técnica lo determina, sí”, ha contestado concisa. El problema es que ni tan siquiera hubo Ponencia Técnica ni en las 170 ni en las 317.
Chandiramani ha contestado de nuevo que la Comisión Local de la Vivienda no tiene como tal personal adscrito, el trabajo funcionarial lo hacen los trabajadores de Emvicesa y del área de Vivienda, su registro de entrada y salida es el de la propia Emvicesa, ha aclarado la ex gerente de Emvicesa.
Y ahí entra otro cuestionamiento, ¿Quién barema a los candidatos en caso de que sea necesario? ¿Quién comprueba que los candidatos o adjudicatarios de vivienda pública cumplen los requisitos? Los funcionarios de Emvicesa. Algunos de los cuáles sirvieron de apoyo para la adjudicación real de las 317 y hoy se sientan en el banquillo por los tejemanejes que, ya ha quedado demostrado por la confesión de los acusados de cohecho y de los intermediarios, de Emvicesa acababan por cobrar a personas que creían comprar un atajo para hacerse con una vivienda pública y que parece que el dinero acababa en manos del ex gerente López, como han declarado algunos autoinculpándose. Chandiramani ha contestado expresamente a si les puso alguna tacha a su ttrabajo a esos funcionarios. “No. Lo que se les encarga lo realizan”, ha replicado.
En un contexto, eso sí, que ha quedado claro a lo largo de toda su declaración que era de enorme presión social y pública, con un escrutinio judicial, mediático y social a cada paso que se dio para la adjudicación de las 317.
¿La baremación la podía hacer sólo el gerente? ¿Tendría en ese caso obligación de notificar que él se cargaba ese trabajo en solitario?, le han preguntado las defensas a Chandiramani. Podría y no tendría obligación, según ella.
Cariñanos, la asesora jurídica de Emvicesa, no llegó a realizarle ninguna objeción ni aviso jurídico. Y expresamente se la ha preguntado a Chandiramani por algo relacionado con uno de los documentos claves de todo el juicio, el acta de la Comisión Local de la Vivienda en la que parece refrendarse la adjudicación de las 170 a un listado de personas que nadie vio ni se llegó a publicar, o al menos no parece constar. En esa comisión, la asesora jurídica no habitual en las reuniones, declaró haber apreciado la anomalía que suponía no aportar los listados de adjudicatarios.
Chandiramani entiende que si hubiera algún tipo de advertencia legal por parte de la asesora que hacía las funciones de secretaria también tendría que constar en el acta. No consta. Sí está la reclamación de la representante socialista, Milagros García, sin voto, pero con voz en aquella reunión y citada como testigo también durante la vista oral.
En la extensa documentación que aportó Chandiramani al juzgado durante la instrucción llegó a adjuntar el listado de los 4.950 demandantes de vivienda que constaban en Emvicesa como tales en aquel tiempo, 2015. Para excusarse de cualquier error que pudiera haber cometido en el cribado que le pidió la propia Instrucción sobre el mismo, para que comprobase si todos los que aparecían en la listas fantasma eran demandantes de vivienda, ella señaló 7 casos en los que no, luego y hoy lo ha matizado, eran 6.
Igual que ha matizado, ya lo había hecho en sede judicial, los miembros que formaron parte de la Comisión Local a lo largo del tiempo. No señaló a Guillermo Martínez, pero también aportó todas las actas, precisamente señalando que como los cambios eran muchos, sirvieran al juzgado para corroborar la información aportada. Todo esto se lo ha contestado al abogado de Susana Román que mantiene viva la denuncia contra ella por falsedad documental después de un archivo inicial de la misma decidido por el Juzgado.
Compromisos
Y aquí llegamos a otra de las cuestiones claves del juicio en donde una vez más el interés general y el judicial parecen bifurcarse, aunque quizás no tanto. Chandiramani vio no uno, sino “muchos” de los documentos conocidos como “compromisos”, papeles firmados por López y con el anagrama de Emvicesa en los que se comprometía a elevar a la Comisión Local de la Vivienda la preferencia para la adjudicación del agraciado.
Nadie esgrimió esos documentos ante ella para reclamar derechos. Y no se les hizo caso porque en su inmensa mayoría carecían de expediente que los sustentara, sin informe alguno de funcionario de cualquier área de la Ciudad que explicara las circunstancias que daban un mayor derecho al acceso de vivienda pública del titular del papel que firmaba López.
Y sí, en el propio expediente judicial, Chandiramani llegó a aportar un registro de compromisos, una lista, que se encontró en el registro de entrada de Emvicesa cuando llegó a su puesto directivo. ¿Por qué no le dieron validez? Porque era sólo un listado sin documentación alguna que sustentara la aparición del titular del compromiso en ese listado o le generar algún tipo de derecho.
Por eso decidieron partir el proceso de adjudicación de las 317 desde cero, algo que también le han cuestionado las defensas. Lo hicieron así porque así lo decidió la Comisión Local de la Vivienda y así lo decidió para que “no hubiera ningún tipo de duda”.
