Un proceso selectivo en el Organismo Autónomo Servicios Tributarios se ha convertido en el nuevo caballo de batalla en las relaciones entre los sindicatos con representación en la Ciudad Autónoma y la Consejería de Hacienda. El motivo, han explicado los representantes de CSIF, UGT y CCOO en una comparecencia en la Sala de Prensa del Palacio Autonómico ha sido una resolución en forma de decreto, emitida por la consejera de Hacienda, que ha asegurado el representante de CSIF, Ricardo Martínez, “ataca la independencia y capacidad de los tribunales de oposición”.
Concretamente, ha explicado Martínez, se trata de un proceso de promoción interna para administrativo del OAST en el que, una vez el tribunal ha elevado la resolución definitiva, después de haber tramitado ya las alegaciones, una de las afectadas ha presentado un recurso de alzada, emitiendo un decreto la consejera en el que, indica el representante de CSIF, “le dice al tribunal que tiene que modificar las puntuaciones”. Para el sindicalista “no ha lugar que ningún político realice una injerencia de estas características” y aclara que la personas afectada por la resolución del tribunal tiene la opción de acudir a la justicia, vía indicada para la resolución de este tipo de situaciones.
Desde los sindicatos no quieren entrar en el fondo de la cuestión, la reclamación por parte de esta persona de la existencia de varias preguntas dudosas que deberían ser sustituidas por las de reserva, algo en lo que, insisten, puede tener razón, sino en la forma. En primer lugar, explican, porque esta persona ya presentó un primer recurso que se atendió, modificando una de las preguntas del examen, dando lugar a la resolución definitiva del tribunal, y en segundo, insisten, porque no corresponde al político cambiar esta situación a través de un decreto.
Un decreto, han explicado, en el que la responsable de Hacienda se basa en el informe de un técnico del Organismo Autónomo Servicios Tributarios en el que se señala, ha explicado José Antonio López, de CCOO, que hay un número de preguntas “que entiende que son dudosas y hay que cambiarlas por otras de reserva”. Ahora, ha explicado, se ha instado al tribunal a volver a reunirse el 1 de febrero, todo ello a pesar de que en una reunión previa el mismo se ratificó en su opinión de no admitir cambios en la resolución definitiva. El problema, señalan, es que ya se les ha advertido de que “si mantiene su criterio (el tribunal), aún así ese decreto se va a llevar a efecto y será servicios tributarios el que reorganizará las notas”.
En definitiva, subraya Ricardo Martínez, “lo que está en juego no es que una persona esté dentro o fuera, sino la independencia de los funcionarios públicos dentro de los tribunales”. Una independencia que, afirma, “pretende usurparse por parte de un organismo político, en este caso una consejera”.
La resolución, en cualquier caso, parece que acabará en los juzgados, ya que de no dar marcha atrás la Consejería serán los sindicatos quienes lo trasladen y, en caso contrario, la opositora que ha presentado la alegación podrá reclamar sus derechos ante los mismos.
