El Boletín Oficial de la Ciudad de este viernes publica el inicio de las acciones para la reivindicada regularización de las viviendas de General Carvajal, Juan XXIII, Príncipe Felipe y Juan Carlos I. Tal y como recoge el BOCCE, "la Ciudad pretende llevar a cabo la regularización de viviendas de promoción pública respecto de los ocupantes que carezcan de título jurídico suficiente para ello. A tal efecto el Pleno de la Asamblea de Ceuta ha adoptado distintos acuerdos (25- Jul-2000, BOCCE 3929 entre otros) sobre los criterios y procedimiento a seguir, señalando a su vez los grupos de viviendas de Gral Carvajal, Juan XXIII, Príncipe Felipe y Juan Carlos I como objetivos de dicha actuación".
Se trata, explica el propio BOCCE, de viviendas que "integran el patrimonio municipal cuya ocupación carece de título legal o suficiente, por lo que el objetivo principal es formalizar la adjudicación y el contrato de cesión conforme a la calificación definitiva de la promoción"
El inicio del procedimiento administrativo, continúa el documento, requiere previamente la apertura de un período de información e identificación de ocupantes, cuya efectividad se llevará a cabo con la participación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta S.A. (EMVICESA), medio propio e instrumental de la Ciudad de Ceuta que dispone de los medios necesarios para la asistencia material y técnica del proceso. La identificación de los ocupantes de las viviendas y documentación se realizará por la Sociedad EMVICESA por fases o bloques dentro del citado grupo. A tal fin, los habitantes de las viviendas serán citados de forma ordenada por bloques / portales/ escaleras, a fin de que comparezcan en las dependencias de EMVICESA y aporten su información mediante el oportuno formulario/solicitud, en especial, el título del que dispongan para la ocupación y la fecha desde la cual la citada vivienda constituye el domicilio habitual.
La solicitud contendrá los siguientes datos: documentación acreditativa de la identidad del interesado, certificado de empadronamiento, certificación catastral relativa a los bienes de la unidad familiar, ingresos familiares (IRPF) y otros documentos, como contratos de suministros de luz, agua, teléfono o cartas de pago de tributos municipales a nombre del solicitante que acrediten la ocupación de la vivienda. Finalizados estos trabajos de información o actuaciones previas, se elevarán a la Consejería de Fomento a los efectos del procedimiento.
Simultáneamente, explica el BOCCE, la Consejería de Fomento y Turismo, deberá disponer las actuaciones necesarias dirigidas al establecimiento de los precios máximos de venta o renta para la propuesta de enajenación o arrendamiento, en su caso, con opción a compra, así como la forma de pago del precio, sobre el grupo de viviendas referidas. Verificados los trabajos anteriormente mencionados, la Consejería de Fomento resolverá sobre el inicio del procedimiento de regularización, el trámite a seguir y los requisitos a cumplir por los ocupantes.
Lo cierto es que esta es una actuación que se ha dilatado en el tiempo, el primer acuerdo plenario que recoge la regularización de estas viviendas data de hace más de 20 años, concretamente del 25 de julio de 2000, y se ha convertido en una reivindicación constante por parte de diferentes grupos políticos que han ejercido su labor en la Asamblea. Ahora, esta publicación en BOCCE del procedimiento acerca la regularización a la realidad.
