El Caso Emvicesa empezó siendo una investigación sobre la denominada lista fantasma. Se apodó así porque el listado de adjudicatarios de viviendas públicas que apareció publicado en un periódico en realidad nadie sabía de dónde había salido. Nadie lo había visto, y aún hoy, unos cuantos testigos después, en la vista oral, nadie parece haberlo visto. Tiempo después estalló un escándalo mayor, la Policía Nacional detuvo al ex gerente de Emvicesa, Antonio López, a la consejera entonces de Hacienda, primero de Fomento, Susana Román, a la ex consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, y al diputado de Caballas, Mohamed Alí. Los rumores que recorrían la ciudad hace mucho tiempo de que se podía pagar para hacerse con una VPO pasaban a ser algo más. Unos meses más tarde se levantaba el secreto de sumario y aparecían conversaciones telefónicas en las que gente, personas, reclamaban a Antonio López y a los denominados intermediarios, como el policía portuario, la devolución del dinero pagado. Muchos de los imputados por cohecho, por pagar, ya han confesado en la vista oral que sí, que pagaron, a cambio verán reducida la petición de pena de la Fiscalía. Pero todo ese entramado de compra-venta de favores y de atajos para hacerse con viviendas públicas sin esperar baremos o la suerte de una bola en un sorteo tiene un trasfondo que a menudo se olvida: la necesidad de vivienda, la de un techo digno. Un bien reconocido en la sacrosanta, más sacrosanta que nunca estos agitados días, en la Constitución. Los que pagaban lo hacían por necesidad. Muchos de sus testimonios han puesto sobre la mesa situaciones vitales dramáticas. Pero quizás por más penalidad que hayan relatado nadie lo ha nombrado tan claro como los funcionarios de Asuntos Sociales que han testificado en la tarde de este miércoles. Lo infrahumano, que aparece representado como el antónimo de lo digno, se ha hecho presente en la vista oral del Caso Emvicesa.
Un funcionario y una funcionara de Asuntos Sociales, y quizá con mayor claridad aún, su jefa, Josefina Castillo, lo han evidenciado para lamentar que como mucho en el mejor de los casos se les requirió sólo una vez por vía oficial desde Emvicesa un listado de beneficiarios del denominado alojamiento alternativo, pero que ellos en la Consejería tienen casos de mayor necesidad, casos que viven en infraviviendas, “en condiciones muy penosas”, y que si alguien les hubiera pedido opinión hubieran remitido sin duda en primer lugar.
Si alguien pagaba parece claro que alguien cobraba. Si alguien intentó comprar, parece evidente que alguien intentó vender. Y esa venta se hacía obviando esa infrahumanidad, en el mejor de los casos, en el peor de ellos, tratando de hacer negocio con ella.
Sus testimonios, los de estos tres trabajadores de Asuntos Sociales, así como el de Adela Nieto, la consejera de Asuntos Sociales que heredó el área que comandó Rabea Mohamed durante la adjudicación de las 170 y las 317 viviendas públicas de Loma Colmenar, aparecían como claves precisamente para apuntalar la acusación contra la ex consejera.
Y una vez más los cuatro testimonios han puesto negro sobre blanco que en lo tocante a la adjudicación de vivienda hubo un tiempo antes de la lista fantasma y otro tiempo después.
Por ejemplo, Adela Nieto: “Nos pidieron (Emvicesa) el listado de beneficiarios de Alojamiento Alternativo, se lo enviamos, con registro de entrada y salida, tal y como se deben hacer las cosas entre administraciones”. Eso pasó en el procedimiento de adjudicación real y verdadero, no fantasmal de las 317, cuando ella ya había sucedido a Rabea, Kissy Chandiramani a Antonio López, y Néstor García a Susana Román. Cuando un juzgado investigaba a fondo lo referido a la lista fantasma y cuestionaba ya cómo se habían venido entregando las viviendas públicas en la ciudad.
Se solicitó el listado formalmente, con registro de entrada y de salida en la respuesta, ha insistido Nieto. ¿Anteriormente? En su testimonio hay un indicio sobre hechos sobre acontecidos. La UDYCO de la Policía Nacional se personó en las dependencias de su consejería un buen día “para que le exhibiéramos todos los archivos de las promociones. Les dejamos todo lo que estaba allí a su disposición”, ha relatado Nieto. ¿Cuál fue el resultado?, le ha venidla a preguntar el Fiscal: “Lo que pudimos hacer constar es que no se nos había emitido ninguna solicitud por parte de Emvicesa para que le enviaremos un listado de familias que estuvieran en Alojamiento Alternativo para la adjudicación de las 170”, ha respondido Nieto.
Antes de la lista fantasma, ni Emvicesa, ni la Comisión Local de la Vivienda pedían por vía oficial listas as Asuntos Sociales, después “con registro de entrada y de salida”.
En la misma línea han ido los trabajadores de la consejería. Aunque estos han lamentado que sólo se mirara la lista de Alojamiento Alternativo y no se pidiera a otras áreas incluso listados de personas en situación de necesidad.
Nieto no estaba en Asuntos Sociales cuando se adjudicaron las 170, el primero de los trabajadores que ha testificado sí: “En las 170 no se pidieron informes ni nada. La primera vez que vi una lista fue cuando la UDYCO”, ha declarado.
En Servicios Sociales llegaron a pedir a Emvicesa que dejaran de enviarles usuarios, ciudadanos, a pedirles justificantes de su situación de su necesidad para aportarlos a la demanda de vivienda en la otra sociedad, según este funcionario.
Este funcionario ha relatado además otra experiencia chocante. El viernes antes de que se publicara la lista fantasma, Rabea Mohamed, les reunión para informarles que debían hacer un trabajo de recopilación de información porque en las 317 iba a haber un cupo para sus beneficiarios de ayudas. El lunes se publicó la lista fantasma. A este funcionario le llamó Rabea para decirle ese lunes fantasmal “Antonio la ha liado”. “Cuando vimos la lista en el periódico, dijimos ‘esto normal no es”, ha manifestado en su testifical.
Su compañera ha ido en la misma línea. Y su jefa. Y todos han insistido en lo mismo, en que nunca nadie les había pedido una lista para adjudicar viviendas de forma oficial sobre los usuarios de Asuntos Sociales hasta que todo estalló y se inició un proceso nuevo y escrutado al máximo por la Justicia, los medios y la opinión pública para sortear las 317 viviendas.
Por eso, el abogado de Rabea Mohamed, Javier Izquierdo ha insistido en preguntarles una y otra vez para tratar de tirar su testimonio, sembrar dudas. Y en cierto modo lo ha conseguido. No ha quedado demasiado claro si su consejera les decía o no para qué les pedia la información cuando se la pedía y todos han reconocido que más allá de los registros oficiales, internamente, entre funcionarios y de ellos hacia la consejera, se usa el correo electrónico para comunicarse. Como por ejemplo para pedir una lista de beneficiarios de una ayuda y contestar remitiendo la lista en cuestión.
Esto le abre la posibilidad, la duda, a Izquierdo y Rabea Mohamed, de plantear que tal vez, la consejera que a su vez, por serlo de Asuntos Sociales tiene asiento asignado en la Comisión Local de la Vivienda que realmente adjudica las viviendas, pudiera ir directamente a la misma con esos listados y aportar allí sus beneficiarios para el cupo de turno. Tanto así, que Izquierdo le ha leído a la funcionaria en cuestión uno de los correos que remitió a la consejera en la que hablaba de 18 personas, que listaba, que se habían quedado pendientes en la última adjudicación de viviendas públicas. Eres mayo de 2013. “De hace 10 años no me puedo recordar ni la petición, ni el listado, ni cómo me la pidió o si vino al despacho y me dijo mándame esto o mándame lo otro”, ha contestado la trabajadora que en cualquier caso ha reconocido su dirección de correo. Pero ha insistido, “nosotros de oficio o por nuestra voluntad, familias que tenemos conocimiento que están en infravivienda, que tienen gastos que no pueden afrontar, conociendo familias en necedad siempre, lo tenemos en la recámara por si en algún momento hay posibilidad de que nos soliciten un listado de posibles beneficiarios de vivienda o alquiler social o cualquier otra ayuda nueva que surja”, ha defendido la funcionaria.
A pesar de todo nadie en Asuntos Sociales, al menos nadie en el juicio, ha llegado a hablar de que los listados se hicieran y trasegaran, ya fuera por mail o por registro de salida con un baremo en función de la necesidad. La necesidad de la dignidad, de salir de lo infrahumano. Nadie tan clara como la jefa del servicio.
“¿Puedo resumir su testimonio como que Rabea le requería listados, los hacían, se los daban, pero nos habían para qué eran?”, le ha preguntado Izquierdo a la jefa de Asuntos Sociales. “Nosotros no sabíamos. Pero la consejera no nos dijo queremos un listado para adjudicar viviendas porque lo hubiéramos hecho de otra manera. Hubiéramos dado un listado de personas que realmente necesitaban una vivienda por estar en situación de infrahumanidad”, ha replicado Castillo.
Su respuesta ha disparado a Izquierdo que ha empezado a explicarle a Castillo que son criterios políticos, que la Ciudad prefiere favorecer a quienes están en alojamiento alternativo y ya cuestan un dinero a las arcas públicas que a otros colectivos para así ahorrarse ese dinero y tal vez poder atender a más situaciones de necesidad. El ahorro por delante. Su teoría política la ha cortado el presidente del Tribunal, Fernando Tesón. En las series o películas de abogados americanas con las que casi seguro que cualquiera que lea esto estará más familiarizado que con el derecho procesal español la protesta de la otra parte y la amonestación del juez habría sido por que el letrado “estaba testificando”.
