Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y exdiputado por Ceuta, ha denunciado riesgos en contratos gubernamentales con empresas chinas para servicios sensibles como vigilancia en Ceuta y Melilla. Además, el Partido Popular ha registrado una proposición de ley en el Senado para declarar el sistema alimentario español como sector estratégico esencial y alerta sobre el elevado peso fiscal que sufren los ciudadanos.
Riesgos en contratos con empresas chinas: vigilancia y escuchas bajo lupa
El Partido Popular ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas un informe exhaustivo para fiscalizar los contratos adjudicados por el Gobierno a empresas chinas, entre ellas Huawei y Hikvision, durante los últimos cinco años. Juan Bravo advierte que estos contratos incluyen servicios sensibles como las escuchas judiciales y la vigilancia de infraestructuras críticas, destacando las cámaras instaladas en las fronteras de Ceuta y Melilla, que forman parte de la frontera sur europea.
Esta situación, según Bravo, supone un riesgo de espionaje para la seguridad nacional y para la de los socios europeos y americanos. Por ello, el PP también ha solicitado la comparecencia de varios ministros, entre ellos José Manuel Albares, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como del responsable máximo de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para aclarar la situación.
Proposición de ley para proteger el sistema alimentario español como sector estratégico
En paralelo, el Partido Popular ha registrado en el Senado una proposición de ley para declarar el sistema alimentario español como un sector estratégico y esencial para la economía nacional. Esta iniciativa busca respaldar de manera decidida a los agricultores, ganaderos y pescadores, que enfrentan dificultades derivadas de la volatilidad de los aranceles internacionales y otros retos globales.
El objetivo de esta ley es garantizar el suministro y la seguridad alimentaria, especialmente en situaciones de crisis, y dotar al sector con instrumentos que aseguren su sostenibilidad, rentabilidad y capacidad de adaptación. De esta forma, el PP pretende fortalecer uno de los pilares económicos y sociales del país.
Críticas al discurso del Gobierno y la presión fiscal sobre los españoles
Juan Bravo también critica los intentos del ministro Salvador Illa por desviar la atención pública con argumentos sobre dumping fiscal y temas relacionados con la financiación de partidos separatistas. El vicesecretario señala que el verdadero problema es el elevado y creciente peso fiscal que sufren los ciudadanos.
Según Bravo, comparando los datos de 2024 con 2018, los españoles han pagado ya 140.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones sociales. Durante los primeros seis meses del año actual, la recaudación ha aumentado en 18.000 millones y, de mantenerse esta tendencia, para finales de 2025 la cifra alcanzará los 170.000 millones de euros adicionales respecto a 2018.
Este aumento del esfuerzo fiscal implica, explica el dirigente popular, una reducción del poder adquisitivo, sobre todo para las rentas medias y bajas, quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir gastos básicos como alimentación, luz, agua, gas o incluso disfrutar de vacaciones.
La urgencia de una reforma fiscal que alivie a las familias
Para Juan Bravo, es imprescindible trabajar en una reforma que mejore la renta y el poder adquisitivo de los españoles. “Tenemos que abandonar este infierno fiscal y poner en marcha una reducción de impuestos que alivie a las familias”, afirma. El Partido Popular insiste en que el Gobierno debe dejar de distraer la atención con debates secundarios y centrar sus esfuerzos en la recuperación económica real de los ciudadanos.
