Aunque en los tiempos digitales todo parece caber en un nano cacharro digital con capacidad de almacenar gigas de información, casi cualquier puede evocar la legendaria estantería de los despachos de abogados llenos de legajos de leyes y leyes que tal vez en su traducción a ceros y unos necesitan hoy por hoy de varios discos duros para su almacenaje. Eso es porque la legislación es abundante, la jurisprudencia más y la Justicia en España si es algo es garantista. La vista oral del Caso Emvicesa la preside el Tribunal y a la espalda de los tres magistrados una estantería del tipo Billy de Ikea, pero con mucho más protocolo. Sobre sus faldas los miles de folios que componen el sumario del caso, la instrucción, los escritos, las alegaciones y hasta las grabaciones de las llamadas intervenidas y las declaraciones de los más de medio centenar de acusados que atestan la sala de vistas de la Audiencia, como atestan los estrados los abogados de unos y otros, la Fiscalía y la acusación particular.
Este martes era el turno para retomar el juicio oral, en realidad para que comenzara, después de que esos enormes tomos de jurisprudencia, de Ley de Enjuiciamiento Criminal y las garantías procesales culminaran las denominadas cuestiones previas: el intento de encontrar las costuras técnicas legales a lo actuado para tratar de tumbar la causa y salir todos rampantes por las escaleras del Ceuta Center y sonrientes. No hubo lugar, el Tribunal ofreció toda una mañana de explicaciones jurídicas para tumbar la mayoría de ellas, salvo dos que se antojan claves. Una de las patas de la investigación en las que se anclaba la acusación de blanqueo de capitales contra el ex gerente de Emvicesa, Antonio López, su participación en la compra y posterior venta de un edificio en la calle Alfau, queda fuera del juego. La acusación contra la otra parte política, las ex consejeras Susana Roman y Rabea Mohamed y el ex diputado Mohamed Ali, por el delito de pertenencia a Organización Criminal, también ha dejado entrever el Tribunal que le parece inverosímil y ha aceptado una de esas cuestiones previas para hacérselo ver a la Fiscalía, que aún así puede seguir optando por sostenerla y tratar de demostrarlo durante la vista oral.
Pero la realidad es que esas decisiones han acabado por hacer insistir a la Fiscalía en lo que ya intentó antes del juicio alcanzar un pacto con los acusados, preferentemente con los que figuran en los últimos escalones de la pirámide, los acusados de cohecho, los que pagaban por lograr una concesión de viviendas públicas a través del atajo del ex gerente de Emvicesa y sus intermediarios y a los propios intermediarios.
La mayoría van a aceptar el trato, y ahí aprecian ya las defensas de López, Román, Mohamed y Ali, que puede haber truco. Tanto trato y tanto truco que creen que el juicio es la noche de Halloween y en los corrillos al cierre de la sesión de tarde, alguno lanzaba la idea ya de denunciar a la propia Fiscalía.
El trato se traduce en la rebaja de petición de penas para los supuestos compradores -todo el mundo es presunto todavía-, de los 3 años que enfrentaban pasan a 9 meses de prisión si asumen que sí, que pagaron, que lo hicieron, y lo declaran en el juicio así. Eso no les ahorra la mancha, pero sí la prisión.
“Para ser sincero, me llevaba una pequeña comisión”. A él también le entregaban en metálico y él también le daba ese metálico a López. ¿Dónde? En pleno centro de la ciudad, a la vista de cualquiera, en una céntrica cafetería
Si en la sesión de mañana las caras de la mayoría reflejaban la tensión de la situación, y las muecas eran las habituales en cualquier acusado, por la tarde, ya con el trato cerrado, la sala de vistas parecía más bien una fiesta durante la espera al inicio de la sesión. Quienes por la mañana miraban a las cámaras con estudiado decoro, como animal salvaje en la jungla ante el león devorador, tratando de averiguar a dónde va a apuntar el objetivo de la prensa para esquivarlo, por la tarde alzaban manos con pulgar arriba, sonreían, se levantaban para hablar entre ellos, ruidosos, salían de la sala.
Los abogados también iban y venían. Cogían a sus clientes y los sacaban al pasillo para afinar el trato y desechar de forma definitiva tirar los dados de la sentencia del Tribunal. Cambios en las estrategias y en las declaraciones que se dejan traslucir casi nada más empezar.
La Fiscalía pedía cambiar el orden de las declaraciones. Protestaban las defensas de quienes no han pactado. Con especial énfasis el abogado de Antonio López, que argumentaba que no tenía frescas las declaraciones previas de quienes iban a testificar. Reclamaba cuanto menos tiempo para preparar los contrainterrogatorios. Como si los fuera a haber, como si quienes habían elegido trato fueran a dignarse a contestarle a alguien que no fuera el Fiscal o su abogado.
Aceptaba el cambio el Tribunal, entre otras porque a los agentes de la Policía Nacional que les tocaba declarar este martes ya los habían mandado a su casa. Y concedían que si fuera necesario llamar a algún acusado/testigo para volver a interrogarle se accedería a ello.
Así salió al estrado, el primer acusado, Ali Ali Mohamed, el famoso policía portuario que ejercía labores de comercial o de intermediación, supuestamente, para Antonio López. Y pactada también su rebaja de pena, y con la total probabilidad de que no volverá a pisar la prisión, contó su verdad. Si es interesada o no, si está condicionada por el trato y por tanto tiene truco, deberá juzgarlo el Tribunal.
¿Intermediarios o simples estafadores?
Sí, conocía a Antonio. Sí ofrecía concesiones de vivienda pública, incluso con compromisos firmados por López, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 6 y los 12.000 euros. Vendió al menos una veintena. Negó llevarse algo a cambio. Todo era para Antonio, según su relato. Él sólo “hacía favores”. ¿A quién? A gente necesitada por la descripción que ofreció en un momento de su declaración. A personas que habían tenido cáncer, a padres con hijas necesitadas, divorciados y divorciadas que habían ido saltando de infravivienda en infravivienda, situaciones necesitadas de esa Ceuta de la periferia, la Ceuta pobre, paupérrima de las dos Ceuta. El negocio de la miseria, si se demuestra que la confesión es cierta. Y ahí es difícil que esa alma social ensuciada encuentre un baremo en las tablas de los legajos judiciales para ponderar el mal. El alma y el almacenaje.
Lo técnico y lo juris mezclado y conjugado con lo humano. Lo nuevo con lo viejo. Cuando al tirar de la tecnología por los viejos métodos de buscar en los documentos físicos del sumario se lanzó por el audio una conversación telefónica intervenida que no era con Antonio sino con uno de los reclamantes del dinero que había adelantado cuando la lista fantasma no pudo ir a misa y no tuvieron vivienda, se hacía necesario en la sala un traductor. “Se ha llamado ya”, manifestó el presidente del Tribunal, Fernando Tesón. Pero la tarde avanzaba y convenía avanzar. Por ganar tiempo y porque la conversación iba a venir al caso también, se optó por decirle a una de las trabajadores de limpieza de la Audiencia que la tradujera. Antes ya se había ofrecido el propio testigo, “si todos los que estamos aquí (señalando hacia detrás) lo entendemos”. La limpiadora es, además, cuñada de uno de los acusados por cohecho, según otra de las acusadas confesaba después de que se levantara la sesión. La tecnología, lo humano, las garantías y la pequeña Ceuta en la que todos se conocen.
Después del policía portuario llegó el turno a otro de los intermediarios. Mucho menos efectivo y mucho menos efectista. Si el primero no dudó en levantarse para recorrer la sala señalando uno a uno con el dedo a sus clientes, el otro sólo le había colocado, supuestamente, a Antonio López, dos pisos. Él era presidente de barrio, y al él acudieron dos de sus vecinos que sabían que trataba con López.
Juan Rodríguez Fajardo y Abselimo Abdeselam, eran sus vecinos. También declararían luego. Abdelasis Ahmed, el segundo intermediario sí iba a comisión. “Para ser sincero, me llevaba una pequeña comisión”. A él también le entregaban en metálico y él también le daba ese metálico a López. ¿Dónde? En pleno centro de la ciudad, a la vista de cualquiera, en la céntrica cafetería que se ubica en el núcleo de la plaza de la Constitución, donde cualquier podría haberles visto. Ni a Fajardo ni a Abdeselam les dieron el “compromiso”. Tampoco tuvieron vivienda pública, tampoco, tan siquiera su. Nombre apareció en la lista fantasma.
El intermediario declaró haberle cobrado a Rodríguez Fajardo 15.000 euros por dos viviendas, el pagador confesó después pagar 20.000 euros para 4 personas.
Todo honestidad o el trato final después de la frustración del primero que resultó que tenía truco. Rodríguez Fajardo como Abdelkader Abdeselam, otro pagador, y como seguramente otros tantos que declaren el miércoles reconocieron que sabían lo que hacían. “Obvio” eran conscientes de que su manera para hacerse con viviendas públicas, en régimen de alquiler, era un atajo ilegal.
Ambos Abdeselam reclamaron el dinero pagado cuando vieron frustradas sus expectativas, a ambos no se lo devolvieron ni López ni el intermediario.
La mayoría tampoco tenía contacto directo con Antonio López. Sólo con el intermediario, ahí dejan una vía de agua para achicar por parte de la defensa de López. Los intermediarios ya confesos podían ser eso o simples estafadores, que es seguramente lo que acabará por argumentar la defensa de López. Algunos pagadores ya han dejado claro que nunca trataron con el propio López.
Rodríguez Fajardo ha sonado aún así tan honesto que llegó a explicar que cuando se encontró en esa situación en la que había pagado 20.000 euros, según su testimonio, 15.000, según el intermediario, no apareció en la lista y no le devolvían el dinero, optó tras consultar a un amigo policía por acudir a “declarar” voluntariamente “ante la jueza que llevaba el caso en ese momento. Y lo hice, sabiendo que estaba mal. Y declaré”, ha apostillado.
Más humanidad, la de Abdelakder Abdeselam otro comprador. Declaró desde su casa, pero esta misma mañana seguía el juicio desde el hospital. Hace dos días le dio un infarto. Su testifical vía pantalla ha rebosado también de aparente sinceridad.
“Conmigo contactaron. Una persona que ya falleció, Frugui, que descanse en paz. Éramos amigos, casi familia. Él sabía los problemas que tenía con mi hija, mi sobrina no tenía vivienda, y me ofreció que por tal dinero salían mis hijas y mi sobrina en la lista de las viviendas”, ha relatado.
La garantía de su amigo, casi familia, era que le dijo que “era muy amigo de Antonio López. “Yo contactaba con él, él me decía la cantidad, le decía si podía o no podía y se la he dado y pasado cierto tiempo no hubo nada. Pasó lo que pasó y le empecé a exigir mi dinero. Me dijo que no, que mañana, que pasado, que mañana, que pasado… Hasta que se murió el hombre. Y ahora yo estoy arruinado mi vida, y la de mis hijas. Porque mencioné a dos hijas mías que no tienen nada que ver. Absolutamente nada”, ha relatado.
Una de las hijas está también imputada por ese cohecho. Le hacía apuntes de dinero pagado que le pedía el padre. Los hizo siendo menor de edad, según declaró el padre y luego ella misma sin saber de qué se trataba. Sin saber qué se traía el padre entre manos.
Para más cosas humanas, este imputado, que sabía que lo que hacía no era legal, ha expresado casi con indignación que ya ha tratado de explicar que su sobrina, también imputada, tampoco tiene nada que ver, entre otras, porque él tiene dos, son gemelas y no las distingue, parece, tan siquiera queda claro que por la que medió a su propia voluntad, con drama detrás, víctima del terrorismo no es la que está imputada. “La única sobrina por la que he podido ofrecer dinero es Nassima, que es víctima de terrorismo. Uasima no tiene nada que ver. Son gemelas no las distingo, ya se lo expliqué a la jueza”.
Y este miércoles seguirán desfilando los acusados por cohecho, por pagar por conseguir viviendas públicas, saltándose las esperas, los sufrimientos, la Ley. Supuestamente. Y seguirá, seguramente el rosario de causas y azares tan humanos. Se habrá dejado atrás ya hasta la sentencia y las cuestiones finales los tecnicismos judiciales. Porque al final esto va de lo humano. De acoplar los legajos judiciales y la instrucción y las garantías procesales a una historia tan humana con progresar, como enriquecerse o saltar de la miseria a la dignidad con un poco de esfuerzo, encontrando un atajo para ello. Y de cómo gestionamos lo que es de todos, porque esa legalidad, las garantías, las reglas del proceso y todo lo demás se miden en este caso con una opinión pública que llevaba oyendo rumores en los bares y cafetines años, tantos rumores que algunos ya los han confesado como coartada de su comportamiento. Y ahí, en ese espacio, quienes acuden a los medios estos días en busca de información buscan conocer algo más que tecnicismo judiciales, buscan saber exactamente qué falló, por pasar, pasó. Y buscan eso, justamente eso, conocer, poder tener información para hacerse una idea definitiva de su verdad y hacer su propio juicio de valor sobre lo político, que en este juicio hay mucho.
Y queda, aún otra arista por escudriñar, el papel de los funcionarios de Emvicesa que también se sientan en el banquillo, para ellos parece que tampoco hay trato de momento. Pero de momento ningún acusado por cohecho con el sí dado a la oferta de la Fiscalía ha logrado vincularles con sus pagos.
