Casi un mes después de que fueran desalojados forzosamente de su domicilio, el pasado 23 de febrero, los propietarios de una de las viviendas del 7 de Fernández entraron este viernes de nuevo a su casa. Lo hicieron entre lágrimas y acompañados de una arquitecta contratada y pagada por ellos mismos para que realice un informe patológico que determine si, como sostiene la constructora que ha derribado el edificio adyacente, su domicilio se encuentra en estado de ruina y también debe tirarse abajo y cuáles son las causas.
La tramitación realizada por la Ciudad tras el aviso de la firma promotora, que va a construir pisos en la parcela contigua, obligó al rápido desalojo a Juan Antonio Cruz, su esposa -hoy visiblemente afectada y preocupada ante posibles entradas ilegales que puedan hurtarle sus propiedades- y su hija hace casi un mes. Este proceder también les forzó a abonar de su bolsillo la contratación de una arquitecta, llegada este viernes desde la Península, para elaborar un informe patológico que aclare la situación.
En las próximas semanas se conocerán los resultados, mientras Cruz y su familia siguen realojados en una propiedad inmobiliaria de su jefe, sin haber tenido de momento contactos directos con la promotora que derribó al edificio situado justo al lado, en una acción que pudo haber causado daños en la estructura de su casa.
Cronología de un desalojo
Este vecino fue sacado de su casa el pasado 23 de febrero, después de que la promotora avisara a la Ciudad que había optado por parar las obras de demolición en la parcela adyacente -casi terminadas y dejando todos los escombros sobre la medianera de la casa de Cruz- porque, ahora, apreciaba riesgo de derrumbe en el 7 de Fernández. Curiosamente, siempre según lo expuesto en pasadas semanas por este vecino, personas relacionadas con la constructora y conocidas también de él le habían venido preguntando "qué pedía por la casa".
Alertado por la empresa, la consejería de Fomento -que supuestamente había inspeccionado las edificaciones antes de conceder licencia de derribo- apenas tardó cinco minutos y unos segundos en decretar medidas cautelares. Se sucedieron en pocas horas varios documentos, entre decretos, e informes policiales y de los arquitectos, quedando los residentes fuera de sus casas por precaución, sin saber si iban a poder volver y con la perspectiva de negociar la venta a la empresa que había demolido el inmueble colindante mientras ellos permanecían en las viviendas. La velocidad es diligencia y dedicación, según la ciudad, y motivo de sospecha para el protagonista de la historia.
La situación, que parecía poder cerrarse con un acuerdo rápido entre Cruz y la promotora, ha tomado otros derroteros. El hombre decidió acudir a un abogado tras recoger la documentación relativa al expediente -justo la revelada por este medio en exclusiva-, ya que no apreciaba avances.
El letrado, contactado semanas atrás por este digital, explicaba que está en la fase inicial de lectura de la documentación, pero esbozaba los diferentes frentes abiertos en el caso. "Hay unas medidas de prevención y se decretó el desalojo, habrá que ver los motivos, pero evidentemente la demolición que se ha hecho ha dejado a la intemperie la medianera acumulándose los escombros que empujan contra la vivienda de mi cliente", apostillaba.
Ahora tendrá que ser él quien "pague un informe patológico y otro pericial, que es lo que ha requerido la Ciudad para ver si se puede poner las condiciones de habitabilidad o, sino, el motivo que ha llevado a ese estado". "Determinar si hay una relación causa efecto entre la demolición y el agravamiento del estado de la vivienda". Entendía en aquel momento el abogado que, de no asumir ese coste por voluntad propia Cruz, lo haría "la Administración de forma subsidiaria y pasándole luego la factura".
Un agravio más en la pesadilla del vecino, que llevaba 38 años viviendo "pacíficamente" en su domicilio con su esposa, hija y perro y ahora se ve abocado a esperar acontecimientos. "Los contactos entre las partes del expediente no están consolidadas, estamos pendientes de iniciar negociaciones", añadía jornadas atrás el letrado, que indicaba que si no hubiera acuerdo acudirían "a la vía judicial".
