Han denunciado que, tras la publicación de un acuerdo formalizado entre UGT y CCOO donde, se comprometían ambos sindicatos a suspender los procedimientos electorales sindicales hasta el 9 de noviembre, han publicado notas de prensa confundiendo a la ciudadanía y a trabajadores cuando un acuerdo firmado por por dos centrales no vincula al resto y la mesa de elecciones sindicales de AMGEVICESA estaba ya formalmente constituida y la autoridad laboral dictaminó que las elecciones siguen adelante.
Esta forma deliberada de confundir con medias verdades, dicen, en notas de prensa comunicando que las elecciones de AMGEVICESA se han suspendido ha provocado, que medios de comunicación publiquen noticias irreales, mientras paralelamente siguen participando en dicho procedimiento electoral interponiendo reclamaciones a dichas mesas electorales, algo que demuestra dichas "mentiras deliberadas".
CSIF ha denunciado que la presión tanto a los trabajadores de la empresa como a los miembros que componen las mesas electorales es continua llegando incluso a tener tintes fuera de toda ley y con el solo objetivo de conseguir que no lleguen a celebrarse estas elecciones y coartar el voto, porque parece ser, dice el sindicato, que ellos mismos, tienen el convencimiento que van a perder, algo que solo se verá una vez transcurridas dichas elecciones sindicales y solo depende de que los trabajadores puedan votar y decidir libremente quién los representan, libertad que algunos han decidido no respetar.
CSIF ha asegurado que no van a permitir que unas elecciones sindicales, que como todas las elecciones, son una celebración de la democracia, se conviertan en un mal trago para muchos trabajadores, afectándoles anímica y psicológicamente al vivir situaciones como que varios representantes sindicales les presionen y realicen presuntas amenazas con el solo objetivo de paralizar o suspender unas elecciones sindicales que "deberían haberse celebrado hace ya casi un año" y para ello, han anunciado que trasladaran cualquier actitud o acción que pueda ser constitutivo de delito laboral, civil o penal a la autoridad competente.
