El asalto del pasado 22 de agosto a la valla de Ceuta entró en la historia por varios motivos. Primero, por el número de personas que lo intentaron, tal vez el más numeroso que se recuerda. Segundo, por la virulencia empleada por varias de las personas de este colectivo (líquidos de motor, heces, radiales). Y tercero, porque al día siguiente se aplicaba por vez primera la clausula del Tratado de Buena Vecindad entre España y Marruecos que permitía devolver a los inmigrantes de modo inmediato.
Un año después, el asunto sigue teniendo recorrido judicial. En las últimas semanas, según ha podido saber Ceuta Televisión, los recursos planteados por los abogados de los expulsados en relación a una supuesta vulneración en la protección de los derechos fundamentales han sido rechazados. Fuentes judiciales especifican que de modo prácticamente sistemático; de la misma manera que se están presentando recursos contra estos fallos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
No hay una única causa ni un sólo abogado, por lo que el ritmo al examinar los recursos planteados por los letrados es diferente. Entre los motivos en los que se sustentan dichos recursos, la falta de tiempo para identificar o determinar la edad de los inmigrantes expulsados el 23 de agosto, apenas horas después de que se produjese la entrada masiva.
