Una media de cuatro averías diarias y en todas las líneas. Este es el panorama a día de hoy del servicio de transporte público en autobús. Una situación que afecta a los viajeros pero también a conductores y mecánicos que no dudan a la hora de poner sobre la mesa la “impotencia” que sienten cada vez que se produce una de estas averías y tienen que interrumpir el servicio, en muchas ocasiones teniendo que pedir a los viajeros que abandonen el vehículo sin una alternativa que les permita alcanzar su destino.
Y es que las averías son un problema pero no el único. Algunos de los vehículos comprados por la Ciudad a Hadú-Almadraba hace apenas un año ni siquiera pueden salir a la calle. Simplemente no funcionan, no sirven para un servicio en el que a día de hoy, confirman los trabajadores, “hay menos vehículos de los que en realidad harían falta”, de hecho, señalan, hay días que “hay más conductores que vehículos”. Esto es lo que provoca que no haya coches de sustitución ante las continuas averías y haya que esperar a que los mecánicos los reparen para que puedan volver a la línea afectada. Una situación que muchos días se ve venir antes, incluso, del inicio de la jornada, con autobuses que son reparados in extremis y de forma provisional para que salgan a la calle a cubrir cada una de las nueve líneas de la ciudad, sin garantías de que vayan a poder cumplir con su finalidad.
Unos autobuses que son prácticamente chatarra y por los que la ciudad pagó el año pasado a la empresa hasta entonces concesionaria del servicio un total de 468.000 euros, en torno a 18.000 euros por cada uno de los 26 vehículos que se compraron y cuya antigüedad media era de 11 años. Una compra cautiva, absolutamente imprescindible para poder municipalizar un servicio, cuya situación se había convertido en insostenible ante los continuos conflictos laborales. Prácticamente un año después, son los mismos vehículos los que siguen prestando el servicio aunque la Ciudad Autónoma ya ha adjudicado la compra de 14 autobuses híbridos recargables, por 4'8 millones de euros, y ha sacado a licitación la de otros dos vehículos eléctricos por 1'2.
Estas medidas son necesarias pero llegan, sin duda, tarde. Si finalmente la municipalización se iba a convertir en una realidad, como ha acabado sucediendo, el Gobierno debería haber tomado cartas en el asunto mucho antes, pues así se lo indicaban los informes sobre movilidad sostenible, como el recogido en la revisión y adaptación del PGOU en el año 2008, que ya advertía de que “la red no está diseñada para ser una alternativa real al vehículo privado sino para ofrecer una posibilidad de desplazamiento a personas sin vehículo disponible (viajeros cautivos). Se propone, por tanto, un replanteamiento radical de la estructura y prestaciones de la red de transporte público” y proponía “fomentar el transporte colectivo, especialmente entre la ciudad y el campo exterior. Se trata de impulsar políticas activas y medidas disuasorias para que tanto residentes como visitantes y vecinos de otros barrios se inclinen por el transporte colectivo o la movilidad peatonal”. Un transporte público por el que hoy, 15 años después, sigue siendo muy difícil inclinarse como alternativa, en el que, desde entonces, tan solo se ha ampliado una línea, la que llega hasta la prisión de Fuerte Mendizabal, y que sigue sin ofrecer un servicio de calidad a los viajeros, como demuestran las averías continuas.
En los diez meses que han transcurrido desde que la Ciudad se hiciera cargo del servicio se han producido algunas mejoras, pero no al ritmo esperado: ni marquesinas, ni información sobre las líneas en todas las paradas, ni ampliación de recorridos, ni, por supuesto, nuevos autobuses en funcionamiento. Unos nuevos autobuses que, en el mejor de los casos, se espera que estén disponibles para principios de 2024 por lo que viajeros y trabajadores tendrán que seguir armándose de paciencia ante las averías al menos durante tres meses más
