El senador de Compromis, Carles Mulet, presentaba a finales del pasado verano una serie de preguntas al Gobierno de la Nación en relación con la polémica generada en la ciudad en torno al anuncio de celebración de una corrida de toros en nuestra ciudad con motivo del aniversario de La Legión. En aquel momento, antes de que desde la Comandancia General y la Ciudad negaran tener relación alguna con el evento, de un promotor privado, el senador planteaba las siguientes cuestiones:
"¿Qué culpa tienen los toros para ser asesinados para conmemorar el centenario de la Legión? ¿ Este acto ha sido impulsado, acordado o financiado por parte del Ministerio de Defensa, en caso afirmativo, con qué presupuesto? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar el uso de la imagen de la Legión, o la participación de sus miembros usando símbolos o vestuario propio de esta fuerza militar en un acto en el cual se maltrata y asesinan animales? ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para conseguir que el maltrato y asesinato por ocio de animales se erradique de nuestro Estado?"
En las semanas posteriores, desde el Gobierno de la Ciudad se negaba la celebración del evento en la explanada de la Marina, por no cumplir con los requisitos de la concesión, requiriéndose por parte del promotor taurino otra ubicación, el Muelle de Poniente, también negada por la Autoridad Portuaria. De este modo, la corrida nunca llegó a celebrarse y a día de hoy se plantean otras localizaciones, eso sí, ya fuera de nuestra ciudad.
Ahora, con la polémica prácticamente disuelta, llega la respuesta del Gobierno de la Nación que se limita a señalar que se respeta el ordenamiento legal, tal y como se desprende del texto íntegro que pueden leer a continuación:
"En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno tiene un marcado compromiso en la lucha contra el maltrato animal. En este sentido, cabe destacar la actual tramitación en las Cortes Generales del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En el ordenamiento jurídico español, la Tauromaquia constituye una manifestación del patrimonio cultural1 , sin que la existencia de rechazo, desafección o desinterés de parte de la población respecto de este espectáculo altere la conclusión anterior (STC 177/2016, Fundamento Jurídico 7).
En consecuencia, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de Cataluña, que prohibía la celebración en esa Comunidad Autónoma de corridas de toros y de espectáculos taurinos de cualquier modalidad (STC 177/2016) e, igualmente, declaró la inconstitucionalidad del grueso de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, por constituir un obstáculo a la normal celebración de las corridas de toros en dicho territorio (STC 134/2018).
La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que declara la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, impone un deber de protección de la Tauromaquia a todos los poderes públicos, que garantizarán su conservación y promoverán su enriquecimiento (art. 3) y un deber específico a la Administración General del Estado de tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones (art. 5).
De este modo, el hecho de que la Tauromaquia sea una manifestación del patrimonio cultural español es una realidad en el ordenamiento jurídico, que el Gobierno respeta, en cumplimiento del principio de legalidad.".
