La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha vivido un día crucial este martes al recibir los argumentos de la Abogacía del Estado y la ciudad de Ceuta a favor de la polémica devolución de menores a Marruecos, realizada en agosto de 2021 tras el asalto masivo a la valla de Ceuta. En contraposición, la Fiscalía del tribunal expresó su desacuerdo, alegando que se incumplió el acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos, suscrito para proteger los derechos de los menores.
La Sala, presidida por Pablo Lucas, tiene la tarea de decidir si ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró vulnerados los derechos de los menores, o si estima los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la ciudad de Ceuta, respaldando la devolución de menores debido a las circunstancias excepcionales que rodearon el asalto a la valla.
La Abogacía del Estado argumentó que la devolución se realizó dentro del marco del acuerdo bilateral de 2007, que permite a ambos países dotarse de un procedimiento para el retorno de menores en situaciones excepcionales. Destacó que la comunicación entre los Ministerios de Interior de España y Marruecos fue clave, incluso durante la crisis diplomática. La ciudad de Ceuta calificó el asalto como una "auténtica invasión" y recordó las dificultades para llegar a acuerdos con Marruecos, aunque en este caso, el rey de Marruecos instó personalmente a la devolución de los menores.
En representación de los menores expulsados, Patricia Fernández Vicents de la Coordinadora de Barrios argumentó que la crisis fue humanitaria y que Marruecos no estaba capacitado para amparar a los menores. Afirmó que se infringieron las garantías procesales y que los menores estaban en una situación de desamparo. La Fiscalía insistió en que la devolución se hizo sin identificación adecuada y sin garantías administrativas y judiciales, poniendo en riesgo el interés superior del menor. El Tribunal Supremo deberá ponderar estos argumentos para emitir una decisión.
