El decreto de Estado de Alarma aprobado el pasado 14 de marzo y sus posteriores prórrogas, establece como única autoridad competente, en todo el territorio nacional, al Gobierno de España, y más concretamente a los máximos responsables de los ministerios de Defensa, Interior, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y Sanidad. Todos ellos, y esto es lo más relevante, habilitados para dictar órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas sin los correspondientes procedimientos administrativos que nos aseguren la transparencia de estos. De hecho, durante todo este periodo ha estado deshabilitado el Portal de la Transparencia, un instrumento básico en el control ciudadano de la gestión de la administración.
Un decreto que no solo ha permitido al desgobierno social comunista la compra infructuosa, sin el control de transparencia mencionado, de millones de euros en material sanitario, doblando y triplicando el precio de mercado de estos, a través de intermediarios de dudosa reputación, que han visto crecer de manera exponencial sus cuentas de resultados, sino que también lo han aprovechado para, en las actuales circunstancias de excepcionalidad sanitaria, blindar la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión que controla el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia, el deseo oculto y más anhelado del líder populista. ¡Qué tendrá que ver los chivos con las cabras!
El decreto de Estado de Alarma también ha conferido, y aquí viene lo realmente importante, la dirección directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y más concretamente de las policías judiciales al ministro más sectario del desgobierno social comunista, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, el controvertido responsable político que ha depurado de manera flagrante a miembros relevantes tanto de la carrera judicial como de las policías judiciales. En este punto debemos recordar como reputados jueces y fiscales han criticado con dureza las injerencias del exmagistrado en temas judicializados. No podemos olvidar que la fortaleza de un Estado de Derecho recae en la separación efectiva de poderes.
En definitiva, y tras un profundo análisis de algunas de las decisiones adoptadas en las últimas semanas por el desgobierno social comunista al amparo del decreto de Estado de Alarma, debo reconocer la sagacidad de quienes han sido capaces de trasladar con premeditación y alevosía su responsabilidad a la ciudadanía con la única intención de argumentar la nueva prórroga del Estado de Alarma, con el apoyo de quienes tan solo quieren destruir nuestro país, y que tan buenos resultados les ha proporcionado. Podrán argumentar por activa y por pasiva que su aprobación responde exclusivamente al interés general, pero la realidad es más que evidente tal y como hemos podido constatar en los párrafos anteriores. Nueva prórroga con premeditación y alevosía.