Mucho se ha escrito sobre el actual socio de Gobierno de Pedro Sánchez, y más concretamente respecto a las relaciones de sus fundadores con el régimen bolivariano chavista de Venezuela desde que irrumpieran en el panorama político español. Un régimen totalitario enemigo de los derechos y las libertadas no solo de su propio pueblo, sino también de todos aquellos que defendemos principios democráticos. De hecho, el Consejo de la Unión Europea aprobó en 2017, por unanimidad de todos sus miembros, la prohibición de entrada en territorio europeo de cualquier dirigente del régimen sudamericano. Una resolución que el número dos socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se pasó por el arco del triunfo con el caso “Delcy Rodríguez”.
Los propios fundadores de la formación de extrema izquierda (Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, Luis Alegre o Carolina Bescansa) han reconocido en diferentes ocasiones haber recibido importantes pagos por sus labores de asesoramiento a través de la fundación “Centro de Estudios Políticos y Sociales”. Labores de asesoramiento que se alargaron desde el año 2004 al 2014, y por las que recibieron casi cuatro millones de euros a través del Ministerio de Cultura según revelan 270 documentos presentados ante la Justicia española. Aunque estas labores de asesoría política comenzaron nada más llegar Hugo Chávez a la presidencia venezolana.
Pero no solo los socios de Gobierno de Pedro Sánchez mantienen estrechas relaciones con el Gobierno bolivariano de Maduro, el régimen sancionado por la propia UE a la que pertenecemos por derecho propio, también la tienen formaciones independentistas como la CUP y EH Bildu, formaciones políticas que sostienen al Gobierno social comunista de los Picapiedra. Una realidad incuestionable tras comprobar como dirigentes de estas formaciones secesionistas viajó al “paraíso” bolivariano chavista en un avión de las propias fuerzas aéreas venezolanas, la nave oficial de Nicolás Maduro, con motivo de la organización de una reunión perjudicial para los intereses de España.
Y en estas circunstancias, ¿cómo debemos considerar las relaciones del Gobierno de España con el régimen totalitario chavista venezolano?, cuando existen numerosas pruebas constatadas de las relaciones de dirigentes políticos de la extrema izquierda de nuestro país como Podemos, CUP o Bildu, formaciones que no solo sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que incluso forman parte del consejo de ministros. Lo que parecía imposible, lo que negaba en campaña electoral con rotundidad, se ha hecho realidad. Por cierto ¿cómo denominarías a quienes colaboran con gobiernos beligerantes con nuestras instituciones? Y ¿cómo denominarías a quien pacta con quienes colaboran estrechamente con dichos gobiernos?