El despido de la trabajadora que intentó prenderse fuego en el Conservatorio ha marcado la última semana en lo que se refiere al conflicto generado entre la empresa Hércules y sus trabajadores ante los impagos de la primera. Una cuestión que este lunes ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que el portavoz, Alberto Gaitán, no se ha salido de la línea marcada por el Ejecutivo desde hace meses.
“Es un asunto del que hemos hablado, que ocupa y preocupa al Gobierno”, ha señalado para posteriormente añadir que “estamos en contacto con los trabajadores, se trabaja de forma prioritaria por parte de la Ciudad para que cobre lo que se les adeuda a la mayor brevedad posible”. Para tal fin, ha insistido, se ha creado un grupo de trabajo, presidido por la vicepresidenta primera, Mabel Deu, que de forma transversal analizará la cuestión con todas las consejerías que tengan algún contrato con esta sociedad, realizando, además, los pagos con la empresa “de manera ágil y rápida”.
Y es que el objetivo del Gobierno es claro, no servir de excusa a la empresa para sus impagos a los trabajadores. “Lo que está haciendo la Ciudad es cumplir con su obligación: gestionar facturas y pagar”, ha explicado Gaitán, “a partir de ahí, es lamentable que la empresa no pague a sus trabajadores”
Respecto a la posible rescisión del contrato con la empresa, algo que ha sucedido con anterioridad ante circunstancias similares, el portavoz del Gobierno ha señalado que “es una medida que se está estudiando por parte de los servicios jurídicos y el área de contratación”. Pese a ello, Alberto Gaitán ha insistido en lo manifestado ya hace meses al plantearse esta misma posibilidad “no es un procedimiento ágil y necesita del informe preceptivo del Consejo de Estado”.
Un procedimiento que no es ágil y respecto al que no hay fechas en el horizonte “cuando veamos los informes, se tomarán medidas”, ha asegurado, para posteriormente confirmar que la causa que se está estudiando como posible vía para la rescisión del contrato es el impago a los trabajadores, a pesar de que la Ciudad si está haciendo frente al pago del servicio. Serán los servicios jurídicos de la Ciudad los que deban determinar si este impago es causa de rescisión o no.
