La calle Jaime Antón Pacheco suele ser, a primera hora de la mañana, un auténtico hervidero. Cercana al Centro Comercial 'Parques de Ceuta' y al Puerto de la Ciudad, se encuentra justo a las espaldas del Centro Asesor de la Mujer y del Centro de Educación Infantil y Primaria 'Ortega y Gasset'. Y en esa tesitura, a esa hora de la mañana, ocurría hace doce meses un asesinato que conmocionó a Ceuta.
Los vecinos escucharon varias detonaciones. De inmediato, la Policía Local y la Nacional se personaron en el lugar de los hechos y encontraron el cuerpo sin vida de María de los Ángeles, una conocida funcionaria de Justicia. Su esposo, un agente del primer cuerpo destinado hasta entonces en el Mercado de Hadú, fue detenido como presunto autor de los hechos. De hecho, el había comenzado la mañana en su puesto de trabajo, que abandonó para regresar a su domicilio.
Un año después de aquel 14 de marzo de 2022, y pese a que se daba por hecho que el juicio por los hechos tendría lugar en este 2023, dos hechos rebajan esa previsión. De un lado, la huelga de funcionarios de Justicia, que prácticamente tiene colapsados todos los juzgados y que mantiene los tribunales paralizados salvo para cuestiones de emergencia.
Y de otro, el trabajo de la defensa. Concretamente, de María Inmaculada Guil, abogada defensora del agente de la Policía Local -en prisión provisional desde entonces-, pidiendo pruebas e informes periciales para complementar la investigación. Llegados al primer aniversario, la letrada señala textualmente que "el resumen en este año de Investigacion, los hechos probados más relevantes son: que alguien interesado se ocupó de borrar todas las huellas de la pistola y de quitar la bala de la escena. Pero no pudo hacer desaparecer los restos de ADN de dos personas, en toda la pistola e incluido el gatillo". En el momento de los hechos, se encontraba en el domicilio familiar la hija mayor del matrimonio, que pudo mantener un forcejeo con el padre. Ese es el argumento de la defensa, que ha centrado buena parte de sus esfuerzos en pedir pruebas de trayectoria balística.
El acusado se encuentra en una prisión peninsular, en un módulo reservado para agentes de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico", explica su abogada a Ceuta Televisión. Precisamente, ese tratamiento psiquiátrico ya fue esgrimido por la defensa en los primeros días tras el hecho. El Gobierno de Ceuta siempre negó conocer la situación de baja psiquiátrica de este agente, que tenía acceso a armas, señalando que los partes de baja siempre habían sido por "enfermedad común".
Un año, pues, de un crimen que supuso una absoluta conmoción para Ceuta. Se trataba del primer asesinato machista en trece años, y del tercero en lo que va de siglo en la Ciudad Autónoma. Un año de una muerte que, al menos en la vía judicial, no parece pronta a resolverse.
