El Juzgado número 3 de la Ciudad, que dirige las investigaciones del "Caso EMVICESA", ya ha notificado a las partes la petición de penas por parte de Fiscalía. Una petición que se resume en más de veinte años de prisión para el principal encausado, Antonio López, puesto que el ex viceconsejero de Vivienda se enfrentará a 5 años por malversación, 5 por falsedad documental, 5 por cohecho 5 por blanqueo, 4 por pertenencia a organización criminal y 18 meses por tráfico de influencias. Al margen de ello, tendrá que enfrentarse a diez años de inhabilitación.
En el resto de la 'rama política', las ex consejeras Susana Román y Rabea Mohamed se enfrentarán a penas distintas. En el caso de la primera, once años (seis por falsedad documental y cinco por pertenencia a organización criminal) y en el caso de la segunda cinco por pertenencia a organización criminal. Para el diputado de Caballas, Mohamed Alí, se piden por el mismo motivo otros cinco años y el ex gerente y ex diputado del PP, Jesús González Barceló, tendrá que enfrentarse a dos años de prisión. A estas penas hay que añadirle peticiones de las acusaciones particulares, que podrían elevar en el caso de Román, Mohamed y Alí en cinco años la prisión.
Los trabajadores de EMVICESA Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García, Teresa Sánchez y Juan Manuel Zaragosí se enfrentarán a cinco años de prisión. En el caso de Sánchez, además, hay una petición de 18 meses por tráfico de influencias.
Los denominados 'compradores' (supuestamente, los que entregaron una cantidad para tener preferencia en el reparto de casas) se enfrentarán a tres años de prisión. Todo ello, al margen de varias multas económicas, inhabilitaciones para cargo público y para el sufragio pasivo, en torno a los diez años para los políticos implicados en el caso. Para estas personas (44 en total) se solicita "una pena de 3 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación de 6 años para obtener subvenciones y ayudas públicas así como para contratar con entes y organismos y entidades públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social".
Además, la Ciudad Autónoma aparece como responsable civil subsidiaria de los hechos. Contra el escrito, cabe recurso (tres días desde la notificación a las partes) y a partir de ahora, queda por fijar la fecha del juicio oral.
Fiscalía ha aclarado, en un comunicado que también pide "el sobreseimiento provisional de cinco de los investigados como beneficiarios de las viviendas de protección oficial al no constar su participación en los hechos"
Además, hay otra serie de peticiones por parte de Fiscalía. Por ejemplo, el embargo de todos los bienes del ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López.
