España rechazó en frontera a 470 personas el pasado mes de junio en Melilla, " sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales". Es la conclusión del informe emitido por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En un comunicado, se recuerda que "el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que en su disposición décima establece el régimen especial para Ceuta y Melilla)"
Desde la institución "se lamenta la pérdida de vidas humanas y los heridos causados en la tragedia, y se insiste en que ese día se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos"
Todo ello porque "del visionado de las imágenes recibidas en la institución se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales. El Defensor del Pueblo no ha dado por concluida esta actuación y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión de más imágenes del 24 de junio del perímetro fronterizo que podrían ayudar a aclarar algunos extremos".
Al mismo tiempo, la Defensoría recuerda que emitió un "escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Seguridad se incluyen varios recordatorios legales. Entre ellos el de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes. Que se impida cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de su actuación profesional. También que se dicten las órdenes oportunas para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén siempre identificados".
Por otra parte, el Defensor del Pueblo apunta en su balance que "se tiene constancia de que el Ministerio Fiscal ha iniciado una investigación por los hechos objeto de esta queja, por lo que las conductas o hechos presuntamente delictivos estarían ya siendo analizados por la institución competente para ello".
