La Asamblea de Ceuta aprobaba en enero de 2020 la propuesta de VOX para instar al Gobierno nacional, que ostenta las competencias en Educación, a implantar el conocido como ‘pin parental’ en los centros educativos de la ciudad. Una iniciativa que pretende que se necesite consentimiento expreso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos.
Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ya ha manifestado su voluntad de no aplicar el ‘pin parental’ y lo ha hecho ante una pregunta al respecto registrada por la senadora de VOX por Ceuta, Yolanda Merelo. La parlamentaria ceutí interpelaba al Gobierno para conocer si, un año después de que se aprobara la propuesta en la Asamblea ceutí, iba a instaurar la necesidad de requerir una autorización a los padres para actividades como charlas de contenido ideológico.
Merelo recordaba en su pregunta al Ejecutivo cómo la jurisprudencia ya se ha pronunciado al respecto. Así, señalaba la sentencia del 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, que “no autoriza a la administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. Y la senadora también aludía a cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos subraya la obligación de los estados de respetar la libertad educativa de los padres.
Pero desde Moncloa insisten en vetar este pin parental y alegan para ello que las competencias del director son coordinar las actividades y que “el equipo que imparte docencia en el mismo curso elaborará las programaciones didácticas”. Asimismo, señalan que es un derecho del menor, pero eluden hablar del derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, del que se olvidan y que es el que VOX quiere hacer valer. Por último, desechan el acuerdo alcanzado en la Asamblea argumentando que no tiene competencias “sobre la organización de la enseñanza y de los centros educativos”.
Supresión del voto rogado
Por otro lado, la senadora de VOX por Ceuta, Yolanda Merelo, ha registrado una pregunta al Ejecutivo con el objetivo de comprender por qué no se utiliza la herramienta jurídica del Real Decreto para garantizar la igualdad del derecho al voto de todos los españoles con independencia de donde residan. Merelo recuerda que en febrero, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad derogar el voto rogado. Sin embargo, “llama la atención que, con las elecciones a la Asamblea de Madrid en mayo, el Ejecutivo no haya agilizado este proceso”. Y argumenta que el actual Gobierno “ha sido noticia en numerosas ocasiones por abusar de los Reales Decretos”, pero “para garantizar el derecho al voto de los emigrados no se está dando prisa”.
Se trata, reprueba la senadora de VOX, de que el voto rogado supone “una merma en los derechos de los emigrantes españoles y una clara desigualdad respecto a los españoles residentes en territorio Nacional”. Todo ello, pese a que desde que PP y PSOE pactaron una reforma de la Ley Electoral (LOREG) -que fue apoyada en aquel momento por CiU y PNV-, la participación de los españoles emigrados en las elecciones ha caído como consecuencia de esta traba burocrática.
