El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, se ha reunido este lunes con los representantes sindicales de la Policía Local para abordar el protocolo de actuaciones del cuerpo autonómico de seguridad en la zona portuaria. Y en el hecho en si de reunirse parece estar el único acuerdo, según se desprende de los comunicados de los sindicatos.
Desde el CSIF se critica el protocolo en base a varios puntos. Primero, que el mismo “no sólo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de Policía Local si no que además, subordina al cuerpo local ante la Autoridad Portuaria y además sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de Puertos del Estado”. Dicho sindicato califica el documento de “barrabasada”, señalando que “el protocolo marca la obligación de los agentes de Policía Local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, algo que entendiendo los datos que contiene son de carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y por tanto, seria contrario a la normativa”.
CSIF critica que “el Gobierno ha vendido públicamente otorgándole carácter de informe, a un email remitido por la Abogada del Estado tras una consulta, por email también, de la Autoridad Portuaria donde ella misma llega incluso a advertir que, “habida cuenta que se trata de un protocolo que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo, si no una mera declaración de voluntad de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa tanto a la Autoridad Portuaria como a la Policía Local”.
En parecidos términos se expresa la Unión General de Trabajadores. En un comunicado que comienza con el “rechazo absoluto” al protocolo, recuerda que “un informe exhaustivo y perfectamente fundamentado de técnicos de la priopia Ciudad dejan a las claras la falta de competencia de la Policía Local para actuar en zonas con competencia exclusiva de la Administración del Estado”. La UGT observa “dentro del documento un nuevo informe cuya pobreza de argumentos e inconsistencia jurídica resulta altamente preocupante para justificar un documento que solo podemos calificar de bodrio”, ya que el sindicato estima que esdte documento “puede dejar a los pies de los caballos a los agentes que sean destinados” a este futuro servicio. Fuentes cercanas a este sindicato dan prácticamente por hecho que el tema acabará en los tribunales.
