Javier Guerrero Gallego, médico estomatólogo, hombre de gran prestigio personal y profesional concebía este año, a buen seguro, de un modo distinto a como ha transcurrido finalmente. El año 2023 tenía marcado en rojo la fecha de finales de mayo para celebrar Elecciones Autonómicas, y el ex vicepresidente de la Ciudad se había puesto al frente de un proyecto para concurrir a las mismas. Ceuta Avanza era el partido de Guerrero; Guerrero era el líder, el rostro, el principal y casi único reclamo de Ceuta Avanza.
Sin embargo, y a pesar de los intentos por establecer una relación causa/efecto, todo cambió la mañana del 11 de enero de 2023. Meses antes, el doctor había sido señalado a través de un burdo montaje en redes sociales como presunto autor de una serie de comportamientos indecorosos -ahorrémonos detalles: sigue el asunto bajo sumario- en relación con los menores extranjeros no acompañados que entraron en Ceuta en mayo de 2021. Guerrero había denunciado el montaje ante el Cuerpo Nacional de Policía, pero la Guardia Civil había iniciado una investigación paralela que acababa culminando ese día. Los agentes fueron comisionados a una operación de “especial importancia” sin saber hasta el último momento que el objetivo era Javier Guerrero. Un hombre cuyo vehículo llegó a ser, incluso, monitorizado.
La Guardia Civil hizo su trabajo. Y de modo tan discreto como eficaz. Los medios de comunicación montaron guardia durante horas frente al domicilio del médico, pero no obtuvieron ni media imagen del mismo. Y es que cuando los periodistas llegabann al lugar de los hechos, Guerrero ya había sido trasladado. Fue el día en que media Ceuta descubrió, también, que al edificio en cuestión era posible acceder a través de una puerta lateral…
Durante esas horas primeras horas, se impuso una especie de juego del ratón y el gato con los medios de comunicación. Guerrero no era trasladado a los calabozos de la Casa Cuartel de Hadú, sino a los del Puerto. Y el 13 de enero, tras una declaración maratoniana ante el juez, enviado a prisión. Un aviso a los miembros de su partido: “lo importante, ahora, es mi situación procesal. Nada de declaraciones”. Con el ingreso de Guerrero en prisión, Ceuta Avanza escribía el final de su breve existencia.
El hombre que se posicionó para suceder a Vivas al frente tanto del Gobierno como del Partido Popular, ha pasado once meses en prisión. Por dos causas: la de los menores y otra denuncia interpuesta contra el por trabajadores tanto del área del Menor como de la Fundación SAMU. Denuncias por amenazas: alguno de ellos llega a ver como su vehículo es violentado durante .un partido del Ceuta en ‘Alfonso Murube’.
En estos meses, Guerrero ha cambiado continuamente de abogado. En principio, es Manuel Martínez Selva el encargado de defender sus intereses cuando denuncia una supuesta conspiración contra su persona. Posteriormente es Luz Elena Sanín; esta se entera -nos consta- de la detención de Guerrero por la prensa y mientras visita a unos familiares en Colombia. A continuación, Javier Cabillas, que en los últimos años ha defendido al docente absuelto en el Ramón y Cajal y al ex profesor del San Agustín. Sin embargo, a mediados de año opta por una letrada peninsular. Se trata de Cecilia Pérez Raya: una reputada penalista malagueña. Mientras, seguían rechazándose sus recursos para salir en libertad por dos motivos: Guerrero tiene un alto poder adquisitivo, decía la Justicia, que también consideraba que podía haber riesgo de destrucción de pruebas o para las víctimas del delito
No es hasta noviembre del pasado año, y tras establecerse una fianza de 100.000 euros, que Guerrero paga en efectivo, que el ex consejero sale de prisión. Tiene, sin embargo, que acudir a firmar a los juzgados los días 1 y 15 de cada mes, y se le ha retirado el pasaporte. Y todo pendiente del segundo bloque del informe pericial del material que los agentes de la Guardia Civil incautaron en los tres lugares registrados aquella frenética jornada del 11 de enero: su domicilio particular, su consulta privada y la consulta en el Hospital Universitario, y bajo un secreto de sumario que sigue sin levantarse un año después de la detención
