Al margen de que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta no haya encontrado motivos para suspender la pena de prisión para los nueve inmigrantes condenados como cabecillas del mayor asalto migratorio de la historia, la semana ha tenido otra noticia de alcance que une a la inmigración y la Justicia. Horas después de esa notificación, se conocía que la juez instructora del 6F decidía sobreseer el caso, en aplicación de la denominada 'doctrina Botín'.
Una figura jurídica que ha aparecido en muchas ocasiones en los ultimos años. En su origen, está vinculada al que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Fue denunciado por un caso de cesiones de créditos, pero el Tribunal Supremo estableció que no procedía que se sentara en el banquillo. El motivo: ni el fiscal ni la acusación particular pidieron que se actuase contra Botín, aunque la acusación popular si. El Supremo entendió que no cabía proceder contra el ex banquero, fallecido en 2014.
La doctrina Botín se estableció en 2007, aunque unos meses más tarde llegaría su primera excepción. Fue el ex consejero de Interior y ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, quien unió su apellido a una doctrina jurídica. Acusado de desobediencia por no disolver el Grupo Parlamentario de Sozialista Abertzaleak (una de las muchas marcas blancas de Batasuna tras su ilegalización), sus abogados confiaron en que se aplicase la doctrina Botín, ya que tampoco había sido acusado por Fiscalía. Sin embargo, el Supremo interpretó que la doctrina Botín sólo era válida cuando el damnificado era una persona en concreto, no contra bienes comunes, como interpretó que era la Cámara vasca, por lo que Atutxa fue inhabilitado. En 2017, el TEDH condenó a España por ello, entendiendo que la doctrina Botín si era aplicable al caso del político del PNV.
Pero, sin duda alguna, la persona más ilustre en beneficiarse de la doctrina Botín fue la Infanta Cristina. La hermana del Rey fue exonerada de sentarse en el banquillo y enfrentarse, muy probablemente, a penas similares a las de su marido, Iñaki Urdangarín, al no ser acusada por el Ministerio Fiscal.
Ese es, por tanto, el criterio utilizado por la juez instructora en este caso. Desde el primer momento, la Fiscalía ha rehusado por "falta de indicios probatorios" proceder contra los agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, esta misma semana el abogado Gonzalo Boyé -conocido, entre otros casos, por ser el letrado de Carles Puigdemont- y que ejerce la acusación popular anunciaba recurso.
Un caso que, de todos modos, sigue dejando titulares. Según publicaba el diario El País esta semana, uno de los agentes ha confesado durante la elaboración del sumario que los Gobiernos tanto del PP como del PSOE dieron consignas, desde 1999, para ocultar las devoluciones en caliente a Marruecos de inmigrantes detenidos minutos después de cruzar la frontera entre ese país y Ceuta.
