“La reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara la ilegalidad y el incumplimiento de los convenios internacionales por parte de las autoridades españolas en la deportación de niños y niñas de la ciudad de Ceuta en agosto de 2021 pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la vía de hecho”. Así arranca el comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia publicado este sábado en su perfil de Twitter después de que esta semana se conociera la sentencia que considera ilegal la expulsión desarrollada en la ciudad tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Una sentencia tras la que Grande-Marlaska, ministro del Interior y juez de profesión, se mantenía en que se actuó como se debía y que ha generado la protesta de esta asociación de jueces progresista.
La misma ha señalado que “estos procesos, que afectan a la protección jurídica de la infancia, tienen una regulación precisa y rigurosa, pues resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como dice la Convención de los Derechos del Niño”. Insistiendo en que “esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños y niñas tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación”. Es por ello que desde la asociación consideran que “se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como principios básicos de derechos humanos que prohíben las devoluciones colectivas”.
Para Juezas y Jueces para la Democracia, “la defensa que, incluso después de la sentencia, hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños y niñas no se sostiene ni ética ni jurídicamente y contrasta y contrasta con los principios de la recién aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño o la niña a ser escuchados, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente”.
Por todo ello, desde Juezas y Jueces para la democracia han exigido la asunción por parte del Gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de los menores afectados, señalando, además que “la cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad”.
