El suyo es uno de los rostros más conocidos de la judicatura española en todo lo que tiene que ver con inmigración o menores transfronterizos. Y una de las participantes más veteranas -tal vez haya estado en todas las ediciones- de la Marcha por la Dignidad, que en la tarde del sábado volvió a recorrer las calles de nuestra ciudad exigiendo reparación por la tragedia de la que, este domingo, se cumplen 8 años.
Patricia 'Patuca' Fernández Vicens es, también, una de las abogadas que trabajó para frenar la devolución a Marruecos llegados a Ceuta durante la entrada masiva del pasado mes de mayo. Un asunto que está aún en los tribunales: "Hay varios procedimientos abiertos. Unos para determinar si determinadas devoluciones vulneraron determinados derechos de los niños, y además tenemos otro para ver si se produjo una infracción de la Ley de Extranjería con los derechos de otros niños, de aquellos que fueron retornados".
Aquí "hay dos cuestiones a dilucidar. Una, lo ocurrido entre el 13 y el 15 de agosto, y que solución real va a dar el Gobierno a los ciudadanos de Ceuta de que esto no va a volver a pasar". Fernández señala que "teniendo en cuenta que Ceuta es un territorio con limitaciones en su capacidad de acogida, lo que hay que hacer es trasladar a estas personas a otros territorios del Estado. En la actualidad hay plazas disponibles en los centros de menores peninsulares, y por lo tanto no resulta lógico que se obligue a la Ciudad de Ceuta a asumir en solitario, del mismo modo que ocurre con Canarias, a asumirlo todo".
Sin embargo "actualmente no hay instrumentos legales actuales para trasladar a estos menores, si nos atenemos al Reglamento de la Ley de Extranjería y las competencias autonómicas. Pero si nos atenemos al interés superior del menor, es el momento de la Fiscalía y de la Política, con mayúsculas, y deben arbitrarse sistemas de traslados. El Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para provocar una modificación de la Ley que permita estos traslados".
Fernández Vicens también es una de las abogadas que ha ejercido la acusación particular en el caso 6F. En ese sentido, y desde el punto de vista judicial, "las cosas están en un recurso de casación ante el Supremo, que es un asunto muy técnico". Y sobre la vía a seguir en caso de que este tribunal confirmase el sobreseimiento "iríamos con un recurso de amparo ante el Constitucional", e incluso ante la justicia europea: "a pesar de que Estrasburgo haya avalado que las devoluciones en caliente, en determinados momentos, si pueden ser ilegales, en esta ocasión estamos hablando de la posible conculcación de derechos fundamentales".
