La jurisprudencia española en materia de acusaciones particulares cambió cuando, en 2007, el ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se libró de acudir al banquillo de los acusados. Se entendía por parte del Tribunal Supremo que si ni la Fiscalía ni las personas damnificadas acusaba, no quedaba lugar para procesar. Un año después (pinchar negrita) se establecía la denominada 'doctrina Atutxa'. Se entendía que la anterior no era válida si afectaba a bienes comunes, como en el caso del ex presidente del Parlamento vasco al negarse a disolver el grupo de Socialista Abertzaleak en la cámara autonómica.
Pues bien, una nueva figura está a punto de aparecer, vinculada a Ceuta. Se trata de la "doctrina Tarajal", como así la denominan ya algunas de las acusaciones particulares personadas en la causa contra los guardias civiles implicados en la muerte de varias personas que trataban de cruzar a nado la frontera entre Ceuta y Marruecos.
La denominada "doctrina Tarajal" consistiría, básicamente, en una tercera vía, dado que en esta ocasión no se juzga delito contra bienes privados ni comunes, sino contra principios y valores "como la denegación de auxilio", explican algunas de las acusaciones particulares. Algunas de estas señalan que "la jueza se equivoca, y mucho, ya que no entra a valorar si hubo o no delitos como denegación de auxilio". Se ha creado "exo novo" dicha doctrina, insisten.
Los abogados insisten en que "la juez ni siquiera trabaja en el fondo de los delitos, ni ha permitido personarse a familiares de las personas fallecidas" en aquella mañana del 6 de Febrero de 2014.
