La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se ha ratificado en que la orden de devolver a los menores transfronterizos que habían entrado en mayo del pasado año partió desde Madrid. Eso si: con un matiz importante. Según ha dicho ante el juzgado que instruye la causa, el 'diseño' se hizo en Ceuta, al 50% entre Ciudad y Delegación del Gobierno.
Mateos, que se ha negado a responder a las declaraciones de la acusación particular -ejercida, en representación de la Red Española de Inmigración, por el letrado Estanislao Naranjo-, si respondió a su propia defensa y a las preguntas del Ministerio Fiscal.
Justificó las actuaciones en base a lo que podríamos denominar como 'criterio de urgencia'. "No se podía hacer otra cosa ante el alto número de menores" que había en la ciudad en esos momentos.
La delegada si se mostró bastante más elocuente a la llegada que a la salida de los Juzgados. Recordar que en la fase testifical la delegada insistió en que fue el Ejecutivo central el que activó la devolución de los menores, aunque a propuesta de Ceuta.
Como deciamos, la delegada no respondió a las preguntas de la acusación particular. En este caso, además, no hay nuevas pruebas. Es decir: el titular del Juzgado número 2 tiene que decidir si admite o no algunas presentadas por las partes, así como la posibilidad de llamar a personas aforadas, como pueda ser el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También la posibilidad de un auto de sobreseimiento, explicaron fuentes jurídicas.
