El ex consejero de Fomento de la Ciudad, Néstor García, ha seguido este miércoles como testigo en el juicio Emvicesa a la declaración de la ex gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani. Los dos tienen en común que tuvieron que lidiar con el terremoto que supuso la publicación de la lista fantasma en la política de vivienda. Tanto así que Néstor García ha venido a rememorar el que fue, en realidad, su primer día en el puesto, el mismo que salió publicad la lista fantasma. “Ni me había sentado en la silla”, ha llegado a expresar al recordarlo ante las preguntas de la Fiscalía de los abogados defensores.
“La sorpresa viene en mi primer día de trabajo como consejero que aparece la lista fantasma. Vimos que esa lista no venía de ningún expediente ni procedimiento e inmediatamente mi compañera Susana Román y yo decidimos presentar una denuncia porque ya vimos que no era legal”, ha explicado a una pregunta del fiscal.
En realidad, decidieron muchas más cosas, decidieron cerrar las oficinas de Emvicesa por la aglomeración de personas que empezaron a acudir allí a reclamar tras la publicación, decidieron poner los hechos en conocimiento de la Justicia, sin dirigir la denuncia contra nadie, y decidieron poner las llaves de las viviendas y los contratos a buen recaudo en la caja fuerte de Presidencia de la Ciudad. Y luego, esto no lo ha contado, pero está en las hemerotecas, decidieron comparecer ante los medios, ambos, Román y él.
Porque, tal y como ha relatado García, porque a él la situación le cogió de “absoluto novato” y se apoyó en la entonces consejera de Hacienda, también llevaba un día en ese puesto, pero había navegado los 4 años de la legislatura anterior en el Gobierno y buena parte de ellos como consejera de Fomento, su predecesora, que ha reconocido “me guío en todo esto”, pero eso sí, asumiendo que el que tomaba las decisiones era él.
García ha reiterado varias veces que enseguida vieron que la lista publicada en un diario, la fantasma, no se correspondía con ningún procedimiento que la sustentara. “Había una ausencia total y absoluta del procedimiento de adjudicación”, ha llegado a manifestar. Y que a partir de ahí la decisión fue obvia, iniciar el proceso de adjudicación desde cero.
En su caso también pudo ver durante su travesía como Consejero muchos de los famosos “compromisos”. “Supuestamente había muchos”. Pero también decidieron no darles legitimidad alguna, la razón que tampoco tenían “un expediente” que los sustentara. Una diferencia que ha remarcado era nuclear con respecto a otros que sí se reconocían en las denominadas como “actuaciones singulares”.
Al igual que Chandiramani antes que él, ha explicado que en esos casos, sí se acompañaba de un expediente emanado del Centro Asesor de la Mujer para los casos de violencia de género, o por Servicios Sociales para las situaciones de necesidad o por el propio área de Vivienda en casos de derribos por recuperación de suelo para otros usos públicos.
“Los compromisos eran un papel, que a mi juicio, mi humilde juicio, era además fácilmente falsificable, y nosotros decidimos si hay expediente tiene legitimidad, si no, no la tiene”, ha resumido García cuando le han apretado por la diferencia entre esos “compromisos” que firmaba Antonio López y otros a los que se refieren en las propias tramitaciones de la Comisión Local y de Emvicesa y que procedían de otras áreas de la Administración.
García ha explicado que para cualquier duda está la asesora jurídica de Emvicesa, María José Cariñanos, que a su vez hacía además las veces de secretaria de la Comisión Local de la Vivienda. Y que él recuerde nunca les advirtió de ningún error procedimental o legal en el proceso que pusieron en marcha, pero es que ha recordado, que el asunto estaba ya judicializado y en cierto modo vigilado de cerca por la propia juez instructora de este caso.
De nuevo la defensa, en este caso la de Román y Rabea Mohamed ha intentado abundar en la especie de neblina que inundaba los procedimientos a llevar a cabo para la adjudicación de viviendas en lo estrictamente reglamentario. Así ha cuestionado a García por que fuera durante su tramitación de la adjudicación mediante sorteo de las 317, la que algunos llaman la buena, que fuera la propia Comisión Local de la Vivienda la que resolviera los recursos entre la lista definitiva y la firme, cuando en realidad parece a juzgar por la lectura de las bases de adjudicación y de la normativa que deberían haber elevado esos recursos a un órgano superior. “Entiendo la duda jurídica, pero yo no conozco ningún órgano superior a la Comisión Local de la Vivienda” en materia de adjudicación de viviendas, ha expresado García.
Y ahí ha vuelto a remitir a lo que dicta el sentido común, la lógica, la práctica habitual administrativa y política, y la Ley y que en este proceso ya ha quedado claro que es una de las patas que falló para que se hubiera montado este escándalo, desastre, y finalmente caso Emvicesa: son los jurídicos, los técnicos de la administración quienes han de guiar a los políticos para darles forma a sus decisiones y que encajen en la Ley.
Ha sido el propio García el que ha recordado que la presencia de un secretario o secretaria en un Consejo de Administración es obligatoria. “Nosotros como políticos le decimos a los asesores y técnicos, queremos hacer esto y son ellos los que nos van guiando y diciendo cómo lo podemos o tenemos que hacer conforme a la legalidad”, ha explicado.
“Advertencia como tal no” llegó a recibir de ninguno de esos asesores jurídicos, pero precisamente porque antes de llegar a las advertencias consultaba cómo hacer las cosas “y ella te marca las pautas, en el consejo de administración de Emvicesa y en cualquiera”, también en la Comisión Local de la Vivienda. “Te canalizan de manera jurídica”, ha seguido apostillando. “Y yo al menos esas instrucciones las pedía que me las plasmaran por escrito”, ha rematado. “Entiendo que es como tiene que ser”, ha seguido García que es abogado en ejercicio y de profesión.
García ha reiterado ante el juzgado las explicaciones públicas que ya dio en su día el anterior Gobierno de la Ciudad que le precedió. La adjudicación de las 317 se postergó por la cercanía de las elecciones, “hubiera sido electoralista”, y además “hay limitaciones legales” cuando los Gobiernos están en funciones y también del tipo de cosas que en la recta final de una campaña se pueden o no se pueden hacer.
